La democracia mexicana no está colapsada, pero sí desconectada
Por: Héctor Manjarrez Rubalcava
Reformar la democracia en México no puede ser una práctica solamente de discursos. Tampoco basta con ajustar presupuestos, reducir representantes públicos o cambiar el nombre de instituciones y organismos. Cualquier reforma electoral debe partir del momento histórico que vivimos y responder con contundencia a tres grietas profundas de nuestra vida democrática: la abstención, la inconformidad social con las autoridades y la insatisfacción generalizada con los partidos políticos.
La democracia mexicana no está colapsada, pero sí desconectada. Y cuando la gente se desconecta, votar deja de sentirse como el ejercicio del "poder del pueblo" y empieza a percibirse como un trámite más, rutinario y distante.
Primero, la participación ciudadana. Si queremos que más ciudadanas y ciudadanos participen, los mecanismos tienen que ser más accesibles, comprensibles y vinculantes. En el caso de las elecciones a puestos, es momento de impulsar el voto electrónico como una herramienta de inclusión. Pensemos en el ahorro estratosférico que implicaría dejar de imprimir millones de boletas en cada proceso electoral.
Ahora imaginemos ese mismo recurso invertido en más casillas, en mejor logística, en mejor capacitación de funcionarios electorales o en garantizar el derecho al voto en comunidades alejadas, personas con discapacidad y mexicanas y mexicanos en el extranjero.
A la par, las consultas populares deben tener requisitos más realistas para ser vinculantes, porque hoy pedir participaciones imposibles es una forma "diplomática" de anular la voz ciudadana. Ajustar los porcentajes necesarios para que una consulta tenga efectos obligatorios permitiría que la sociedad no solo participe, sino que pueda constatar que su opinión es escuchada y, sobre todo, cumplida. Eso sí: para enriquecer y favorecer el éxito de ejercicio democrático, las consultas deben realizarse exclusivamente junto con elecciones legislativas federales, a fin de promover aún mayor participación social en los ejercicios democráticos nacionales.
Segundo, inconformidad social con las autoridades. Las diputaciones y senadurías de representación proporcional, tal como existen hoy, son uno de los motivos por los que la población se siente desconectada de sus representantes, al ser estos mismos legisladores que llegan sin haber recibido un solo voto directo.
En mi consideración, una alternativa clara para atender este malestar es transitar a un esquema de primera minoría real. Esto implicaría rediseñar el mapa electoral del país: pasar de 300 a 250 distritos electorales, donde la ciudadanía elija 250 diputadas y diputados por mayoría relativa, y que existan otros 250 diputados por primera minoría, asignados a quienes compitieron y perdieron con el mayor respaldo ciudadano, es decir, los segundos lugares. Así, no habría un solo diputado en el Congreso que no haya pasado por las urnas. Representación sí, pero con votos, no con cuotas partidistas.
Y en el Senado, el ajuste es inevitable: desaparecer a los senadores plurinominales y permanecer con la representación de primera minoría con la que ya se cuenta, es decir, un Senado de 96 representantes (64 legisladores de mayoría relativa y 32 de primera minoría).
Tercero, los partidos políticos. Mientras sigan siendo estructuras cerradas, más preocupadas por sobrevivir que por representar, la desconexión social continuará. Una reforma electoral debe reducir el financiamiento público a los partidos y, al mismo tiempo, exigir cuotas obligatorias de mayor inversión a las actuales ya requeridas en la formación de liderazgos juveniles, de mujeres y de personas con discapacidad.
Además, es indispensable fortalecer los mecanismos de auditoría y fiscalización del uso de recursos públicos en los partidos políticos, no como un instrumento de presión, sino como una herramienta de transparencia, confianza y rendición de cuentas. La supervisión clara y constante no debilita a las organizaciones políticas; por el contrario, las legitima ante la ciudadanía.
Esto, para garantizar que un partido político no es un "equipo" compitiendo por puestos, sino que cada peso destinado a la vida democrática a través de los partidos cumpla con su propósito: fortalecer la representación, la formación política y la participación ciudadana.
En conclusión, reformar la democracia en México exige algo más incómodo que mover leyes, exige devolverle sentido al voto. Que quien gane lo haga porque convenció. Que quien pierda tenga voz porque fue respaldado. Que quien participa sienta que vale la pena.
Porque si después de la reforma seguimos teniendo abstención, enojo social y congresos llenos de representantes sin electores, entonces la pregunta seguirá flotando en el aire:
¿Reformamos la democracia o solo reformamos el sistema para que nada cambie?