No se entiende el meollo del asunto ni se tiene idea de qué se trata, pero lo que quieren es que los exonerados se conformen con “usted disculpe"
Por: Francisco González Bolón
Carlos Andrés y Roberto eran agentes del Ministerio Público en Ciudad Obregón cuando les llegó el caso de un comunicador y su auxiliar, Marcos Duarte y José Valdez, respectivamente, que fueron acusados de una supuesta extorsión a Omar Serna Córdova, entonces gerente de la Central Camionera en Ciudad Obregón. Pues resulta que dentro de la causa penal 465/2020 se demostró que los funcionarios procuradores de justicia consintieron muchas ilegalidades como el haber sido incomunicados y que en el afán de cumplir con la encomienda de mantenerlos encarcelados, se cometieron delitos contra la administración y procuración de justicia. Por esa razón, al perder Serna Córdova el juicio, los dos agentes del Ministerio Público fueron encontrados culpables y se les condenó a ofrecer una disculpa pública, la cual por instrucciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) se propuso una narrativa que en realidad no suena como una verdadera disculpa pública. En ese documento planteado, no se entiende el meollo del asunto ni se tiene la menor idea de qué hechos se trata, pero en realidad lo que quieren es que los ahora exonerados de los delitos que Serna Córdova trataba de imponerles, se conformen con el ya famoso “usted disculpe” y aquí no ha pasado nada. Pero esa situación, a la luz de los protocolos jurídicos, únicamente abona a la impunidad y en nada repara al daño recibido por parte de los comunicadores, además de que da pie a que al verdadero orquestador de la farsa, con el aval del entonces alcalde, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, se ría de la justicia porque para él no se señaló ninguna condena, a pesar de que se comprobaron sus ilegalidades y por ello perdió el litigio. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que el lunes próximo los comunicadores van a asistir a una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Hermosillo, y ahí van a solicitar se fije en verdad la postura de la Fiscalía Federal, pues es más que natural el sospechosismo de que a todas luces busca la protección e impunidad de estos funcionarios de Sonora, pasando por encima de los derechos humanos de los periodistas. No debe pasar inadvertido que la misión y la razón por la que fue creada la Feadle es para proteger a los periodistas de los abusos del poder y no para ponerse del lado de funcionarios que, como los entonces agentes del Ministerio Público, protegidos por la Fiscalía General de Justicia de Sonora en el sexenio pasado, en vez de ser castigados fueron premiados por Claudia Indira Contreras Córdova al nombrarlos delegados de la Fiscalía en otros municipios de Sonora. El Gobierno de Alfonso Durazo Montaño debe poner atención a este tipo de asuntos porque va de por medio el prestigio de una administración que, se supone, quiere transformar la manera de hacer Gobierno. No se vale, entonces, que funcionarios del gabinete estatal quieran seguir actuando como en el pasado al solicitar desde el Poder Ejecutivo que la Fiscalía siga protegiendo a Serna Córdova de todas las ilegalidades que ha cometido durante los últimos años. O en realidad aplican la transformación que requieren todos los ámbitos de la vida pública de Sonora, o el desencanto de la población contra los gobiernos irá en ascenso. Y eso, la verdad, no le conviene a quienes quieren seguir gobernando a la Entidad. Comentarios: franciscogonzalez.bolon@gmail.com