Por: Francisco González Bolón
Cuando estaban elaborando el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, se notó que en los estados del país no tenían una lista de las víctimas y, mucho menos, programas para atenderlas o protegerlas.
Según contaron a Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Nadine Gasman Zylbermann y Fabiola Alanís Samano, las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las fiscalías estatales carecen de acciones para salvaguardar los derechos de quienes han quedado en la orfandad a causa de la violencia.
Ayer se presentó oficialmente el protocolo nacional, pero ya entró en vigor desde la semana pasada, pero sigue sin haber un registro en algunas fiscalías del país sobre estas víctimas indirectas del feminicidio.
Y es que, según dijeron, al menos siete instituciones no atendieron la solicitud de entrega de datos y se observó que muchas otras tenían múltiples registros sin formatos claros y sólo la Ciudad de México, Coahuila y Jalisco tenían programas específicos de apoyo.
Seamos claros: las autoridades no tienen número específicos sobre los niños, niñas y adolescentes huérfanos por haber perdido a su madre a causa de la violencia.
Solamente se habla de “cientos” de menores, pero está latente la necesidad de que las autoridades generen mecanismos para la definición, detección, registro, protección integral, reparación del daño y restitución de derechos para estos grupos, así como de un sondeo nacional a diversas instituciones para buscar el número total de víctimas.
Según se dijo, hasta agosto de 2020, el Inmujeres sólo tenía información de 26 entidades federativas que identificaron 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, datos que eran del periodo de enero a diciembre de 2019.
Además, los estados de Oaxaca, Morelos, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala no compartieron información sobre las solicitudes hechas por la instancia rectora de la política de género en el país ni se tiene información de años previos.
En suma, no se sabe si esos pequeños cuyas madres fallecieron porque el padre, el hermano o el amigo o un simple desconocido las mató, han albergado a lo largo de los meses y años los deseos de venganza, pues simplemente nadie se ha esforzado por darles atención psicológica, muchos menos material.
Con este nuevo protocolo, se garantiza la identificación y reconocimiento de la niñez en condición de orfandad que requieran servicios de protección, al tiempo que define los términos específicos de la emisión de medidas especiales de protección y la prestación de servicios, la información y coordinación entre autoridades y la orientación para el cumplimiento de las atribuciones de cada una de las autoridades que atiendan a estas niñas y niños.
De igual manera, servirá para establecer los mecanismos de integración de ellas y ellos con su familia ampliada o de acogida; garantizarles acompañamiento psicológico y socio-educativo; de ser necesario, dar asesoría legal, y señalar cuándo las instituciones encargadas de atender los casos de feminicidio deben registrar a las y los menores de edad involucrados.
Según explica Cimac, esta ruta de acción es de observancia obligatoria para las unidades administrativas del DIF; obliga a la coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y es de orientación para las demás autoridades.
De modo que ya no hay pretextos para trabajar. Este sexenio de Sonora ya casi se va y no creo puedan adoptarse las medidas del protocolo tan rápido como se quisiera, pero por lo menos quedan las bases para que la administración entrante trabaje con amplitud en hacer válidas estas normas.
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