"La estrategia en el Caribe es un teatro de guerra vacío que esconde una política exterior construida sobre la hipocresía"
Por: Ricardo Castro Salazar
No, Estados Unidos no invadirá Venezuela. El grandilocuente despliegue en el Caribe es, a lo sumo, una estrategia de "máxima presión" para fracturar al régimen antidemocrático de Maduro y reafirmar el dominio geopolítico. El ataque a embarcaciones venezolanas es también una acción antidemocrática, sin la aprobación requerida del Congreso, y la invasión es una fantasía: Washington no puede costear una guerra externa mientras libra una interna. Con una inflación azuzada por los aranceles trumpistas, el desmantelamiento de programas sociales y la negación de subsidios médicos, que amenaza con dejar sin cobertura a millones de estadounidenses, la desaprobación presidencial alcanza máximos históricos. Arriesgarse a un conflicto prolongado no es una opción militar, sino un suicidio político para un Gobierno asediado por su propia incompetencia.
La ocupación exigiría, según la doctrina de contrainsurgencia, más de 200 mil efectivos; un riesgo inasumible frente a una Milicia Bolivariana que, aunque se exagera en cifras, promete una resistencia feroz. La historia es un tribunal severo: Corea, Cuba y Vietnam demuestran que la superioridad militar no garantiza la victoria política. Décadas después de la intervención, estos países mantienen vivas las ideologías que generaron la invasión. Además, la geografía y las alianzas de Caracas con Pekín y Moscú elevan el costo a niveles de conflicto global. Sumado a esto, la Realpolitik energética se impone: las refinerías del Golfo y gigantes como Chevron dependen del crudo pesado venezolano. La comparación con las intervenciones en Panamá u Honduras es, sencillamente, errónea: el contexto venezolano es mucho más complejo y eleva el riesgo a un conflicto de gran escala.
Mientras Trump vociferaba una "guerra contra los narcoterroristas" (una metáfora legalmente vacía) ejecutó un acto de cinismo supremo: el indulto incondicional a Juan Orlando Hernández. Sentenciado a 45 años por traficar 400 toneladas de cocaína, el expresidente hondureño fue liberado por lealtad ideológica, pisoteando a su propio Departamento de Justicia. Como señaló Mike Vigil, exjefe de la DEA, es una "farsa" basada en "mentiras e hipocresía": se salva al arquitecto del narco-Estado y se desata la furia contra los peones en el mar, sin evidencia clara y sin ningún procedimiento legal de por medio.
DE LA IMPUNIDAD PALACIEGA AL CRIMEN DE GUERRAMientras Trump viola las Cláusulas de Emolumentos de la Constitución para enriquecerse a costa del poder presidencial (demandado por fiscales generales y grupos de vigilancia ética), su retórica beligerante contra el narcotráfico es sólo una cortina de humo. Con el escandaloso indulto a Hernández, pisoteó una vez más la justicia, demostrando que la lealtad ideológica tiene más peso que el crimen organizado y el daño infligido a su propia sociedad, que un fiscal describió como "daño incalculable" y "sufrimiento inimaginable". Sumado a esto, los ataques a embarcaciones venezolanas, ilegales bajo el derecho internacional, cruzaron ya la línea del crimen de guerra.
El despliegue de la supuesta "guerra contra las drogas", sin ninguna declaración oficial de guerra, ha resultado en más de 20 ataques a embarcaciones y cerca de 90 personas ejecutadas extrajudicialmente. El Ejército estadounidense tiene sobrada capacidad de intercepción y aprehensión de los supuestos narcotraficantes. Sin embargo, el Washington Post reveló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había dado la orden de "eliminar a la tripulación" de pequeñas embarcaciones, a miles de kilómetros de EEUU, con un costo por misil de US$250,000. El punto de quiebre moral, incluso para algunos aliados republicanos, fue el ataque a náufragos desarmados, un acto que viola el Artículo 41 del Protocolo I de Ginebra.
Esta barbarie tiene un eco oscuro los juicios de Núremberg y la condena a muerte a altos mandos de la marina nazi por la ejecución de supervivientes desarmados. El experto en derecho David Cole sentenció que, al no existir justificación militar, la acción en el Caribe era equiparable a "asesinato premeditado, puro y simple". Incluso en el contexto de una guerra declarada, atacar a náufragos o a personas indefensas, aunque sean criminales, no es un acto de guerra, es una violación fundamental del derecho internacional humanitario.
En resumen, la estrategia en el Caribe es un teatro de guerra vacío que esconde una política exterior construida sobre la hipocresía, que perdona a narco-aliados y comete crímenes contra la democracia y el derecho internacional. Por eso, la "esperanza desesperada" de que la presión trumpista desmantele la narcopolítica en México es un trágico error de cálculo. Si Trump sacrifica la justicia y a su propia sociedad para indultar a socios criminales, es ingenuo creer que le interese sanar la vida pública mexicana.
La solución de fondo exige una cooperación bilateral real, institucionalizada y sostenida, más allá de quienes ocupen el poder Ejecutivo en ambos países. Buscar la redención en un líder extranjero que patrocina la impunidad es la abdicación de la soberanía moral. La batalla contra la complicidad y la corrupción política y económica es de los mexicanos, y de nadie más.
El doctor Castro fue consejero externo para el Gobierno Mexicano y presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Ha sido catedrático, decano y vicerrector para desarrollo internacional en Pima College de Tucson, Arizona.
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