Justicia en Sonora: llegó la hora

Son pocos los visos de que en el Poder Judicial estatal haya intención de aplicar eso que llaman transformación

Por: Francisco González Bolón

La justicia en Sonora tiene un buen rato dando de qué hablar.

Para bien o para mal, tanto la procuración como la impartición de justicia han sido el epicentro de controversias generadoras de suspicacias, “sospechosismo” diría el clásico, ante la opinión pública.

Por supuesto, los focos rojos no se prendieron durante el actual gobierno morenista.

Desde hace un buen rato la corrupción, el influyentismo y el amiguismo han generado vastos nubarrones de impunidad que eclipsan aquellas acciones que pudieran haber sido realizadas con toda la buena fe del mundo.

Lamentablemente, son pocos los visos de que en el Poder Judicial de Sonora haya intenciones de aplicar eso que les ha dado por llamar transformación.

Por el contrario, las inercias y prácticas del pasado parecen no querer dar paso a los cambios solicitados por toda una sociedad ávida de justicia.

Pero hoy en día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se encuentra en una encrucijada, que comenzó a forjarse la mañana del sábado pasado, desembocó en el asesinato de una dama y hoy puede definirse uno u otro camino: cárcel o prisión domiciliaria para el presunto asesino de Alma Lourdes.

Una y otra vez, las autoridades han dicho que esperan para Hilario, de 71 años, la pena máxima de 78 años de prisión, pues le han sumado dos delitos: feminicidio y acoso sexual.

El hecho trascendental es, sin embargo, que en primer lugar la Fiscalía tendrá que acreditar sin dudas ni lagunas legales, quién fue el asesino de la muchacha, algo que, aparentemente, la dependencia tiene resuelto. Ojalá así sea.

Y, en segundo lugar, tendrá que evitar a toda costa que ante el Juez prevalezca la intención de la defensa de purgar la condena en la casa del imputado.

Aquí no habré de abundar en las razones jurídicas para tal postura, puesto que en materia legal no soy un experto, pero me atengo a algunas consideraciones de abogados locales en el sentido de que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 166, decreta excepciones para que una persona mayor no pise la cárcel.

A la letra, el artículo dice: “En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan”.

Claro, más adelante sostiene ese artículo que no gozarán de esa prerrogativa “quienes a criterio del Juez de control pueden sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social”.

En tal sentido, la Fiscalía tiene muchos argumentos de los cuales echar mano para evitar que Hilario pueda ser conducido a su hogar a purgar una condena, en caso de acreditarse la autoría del crimen, y desde ahí emprender la huida a quién sabe dónde.

Es momento, pues, para que las autoridades judiciales acrediten fehacientemente los hechos y que haya justicia en este y muchos otros casos en los que los asesinos intentan evadir sus responsabilidades.

Otro caso que ha causado “sospechosismo”, e incluso se le tildó de bola de humo ante la fuerza que estaba tomando la causa de Alma Lourdes ante la sociedad, es el del presunto asesino de Abel Murrieta Gutiérrez.

La Fiscalía General de Justicia y el propio Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, han afirmado una y otra vez la contundencia de sus pruebas para llevar a juicio a un muchacho de 23 años apenas al que le adjudican la autoría material del homicidio.

Propios y extraños señalan que las escasas evidencias mostradas en algunos medios o redes sociales no “muestran” mucho, pero si la Fiscalía cuenta con un material que elimine toda duda, esas voces tendrán que reconocerlo.

Porque si a eso se le suman las palabras y reclamos de los amigos y familiares del detenido, entonces la sociedad sonorense se encuentra sumamente confundida y tendrá que confiar en la sapiencia y autonomía de los jueces para acreditar o no la comisión de un delito, sin que haya de por medio consignas del Ejecutivo.

Son, pues, duras pruebas para el área de justicia de Sonora. Ya veremos si salen bien librados o si los malosos, una vez más, ganan las batallas.

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