Por: Moisés Gómez Reyna
Este año los precios del gas LP han aumentado aceleradamente, dando un duro golpe a los bolsillos de millones de familias, ya que este energético es el más usado en los hogares mexicanos para calentar el agua y cocinar los alimentos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a junio de este año, los precios del gas LP promedian a nivel nacional un alza del 20.6%.
Pero es importante precisar que, según análisis de Banco Base, a nivel internacional este energético acumula un aumento del 46% en lo que va del año, cifra que duplica el incremento registrado en nuestro país. También vale la pena recordar que México importa cerca del 70% del gas que se consume.
Entonces, esto significaría que varios comercializadores habrían optado por absorber una parte de los incrementos en los precios internacionales, impulsados por el aumento de la demanda de gas LP en Asia a causa de la recuperación postpandemia, a decir de la institución financiera.
A pesar de esto, el alza ha resultado difícil de aceptar por parte del Gobierno Federal, ya que choca directamente con su promesa de mantener estables los precios de los energéticos.
El problema es que los costos del gas LP son determinados por el mercado internacional, y no por Pemex ni el Gobierno Federal.
De acuerdo con el Gobierno, esta situación se debe a la “alta concentración” del mercado de un puñado de empresas. Se señala que hay 5 compañía grandes que distribuyen el 50% del gas LP y se quedan con márgenes de utilidad muy amplios.
Frente a este diagnóstico, las autoridades federales prevén dos acciones: una el establecimiento de una política de precios máximos y, por otro lado, el impulso de una filial de Pemex, que en principio comercialice este energético en colonias populares, con un margen reducido de gastos de operación, con la adquisición de vehículos de reparto y la instalación de equipos en estaciones de servicios.
La creación de esta nueva paraestatal requeriría de una enorme cantidad de dinero que tendría que salir de las arcas públicas, con un impacto negativo en las finanzas nacionales, ya deterioradas por la caída de los ingresos a causa de la pandemia y por el rescate financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para que una empresa de esa naturaleza tenga viabilidad financiera y pueda incidir en la reducción de los precios de este tipo de combustible, dicen los expertos debería tener al menos una participación de mercado del 70%.
Según datos de la Secretaría de Energía, para llegar a ese porcentaje de mercado, la nueva empresa paraestatal debería tener 8.4 millones de pipas-camiones para distribuir gas LP a tanques estacionarios y 14 millones de camiones para transportar y distribuir el gas en cilindros. Además, necesitaría de una planta de distribución, una oficina administrativa, y pago de nóminas a operadores.
Por otro lado, la nueva paraestatal generará distorsiones en el mercado, atentaría contra la libre competencia y desincentivaría la inversión en el sector, lo que a futuro ocasionaría problemas de desabasto. En otras palabras, saldría peor el remedio que la enfermedad.
Se debe urgir a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en los procedimientos de investigación pendientes en el mercado de gas LP en México. Uno para determinar si en la venta al público de gas LP existen o no condiciones de competencia efectiva y otro sobre posibles acuerdos colusorios entre empresas distribuidoras de gas, las que, en lugar de competir, podrían estar manipulando los precios.
Estas dos medidas podrían ser mucho más efectivas para estabilizar los precios del gas LP en el país, y sobre todo podrían ser mucho menos costosas para los contribuyentes mexicanos.
Twitter: @gomezreyna