Alabado como hombre probo, el acoso de Salas Chávez contra quienes critican al actual Gobierno lo ha desnudado como el represor que ha sido siempre
Por: Francisco González Bolón
Aunque en principio parecía que el tema de la aprehensión del licenciado Florentino Vásquez Borja, activista social de Hermosillo, no iba a subir de tono, la realidad es que hoy ha quedado en entredicho la actitud del Fiscal General de Justicia en el Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, cuyos antecedentes no son nada loables, según se cuenta en el mundo político.
Alabado por el morenismo de Sonora como un hombre probo, el simple acoso de Salas Chávez contra quienes critican al actual ejercicio de Gobierno lo ha desnudado como el represor que ha sido siempre en su carrera dentro de la procuración de justicia.
Además, su paso por las llamadas Mesas de Seguridad de Sonora no fue lo exitoso que se creía podría ser, pues todavía hoy la delincuencia organizada tiene el control de diversos sectores de la entidad, aunque lo quieran negar.
Desde la redacción de varios medios de comunicación de corte nacional, han llamado a Sonora para conocer más sobre este caso de Vásquez Borja, quien se ha distinguido por ser crítico del gobierno y de pronto es involucrado en acciones que llevaron a ser detenido sin más criterio que el del Fiscal General de Justicia.
Los periodistas nacionales recuerdan que Salas Chávez ha sido acusado de espionaje contra la abogada Ana Lorena Delgadillo, así como contra la perito forense Marcela Doretti y la periodista Marcela Turati.
A ellas, se indicó en su momento, las envolvió penalmente en una investigación judicial sobre las fosas de San Fernando, Tamaulipas, cuando él se desempeñaba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) solamente porque así se le ocurrió, sin más pruebas que las llamadas telefónicas que en sus respectivas tareas ellas realizaban con tal de esclarecer ese caso.
Pero, además, entre muchas otras acciones, el fiscal de Sonora anduvo metido en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, pero como se aplicó la tortura contra algunos detenidos, todo el teatrito se le vino abajo y se convirtió en cómplice de Tomás Zerón, uno de los principales artífices de la “verdad histórica” con la que pretendieron en el sexenio pasado tratar de que los mexicanos se olvidaran ya del tema.
Por eso es que muchas antenitas se han levantado para tratar de conocer hasta dónde pretende llegar Salas Chávez en el caso del licenciado Vásquez Borja, quien se desempeña como coordinador Jurídico del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Sonora.
Además, es asesor jurídico de Bacoachi, y ha sido proyectista de la reforma legislativa para homogenizar al Código de Procedimientos Civiles de Sonora interpuesta en el Congreso del Estado, pero sobre todo se ha caracterizado por defender a diversos ciudadanos que caen en manos de la Fiscalía y no tienen cómo hacer frente a acusaciones a veces poco claras.
Está muy claro, dicen sus defensores, que el abogado ha sido una piedra en el zapato para el fiscal. En las redes sociales se le ha visto muy activo demostrando la falsedad de muchas acusaciones oficiales y por esa razón se le echó el guante para sacarlo de la jugada, pero se han encontrado con decenas de personas que lo defienden a capa y espada.
Según el PRD de Sonora, el haberlo detenido está fuera de contexto legal y ha recibido un trato de delincuente, por lo cual solicitan sea liberado de inmediato.
Hasta el momento no se sabe que las comisiones de Derechos Humanos nacional o estatal hayan pronunciado una sola palabra en torno a este suceso, pero los reflectores del país, e incluso internacionales, se han puesto en la Fiscalía de Sonora, cuya credibilidad, una vez más, como desde los tiempos de la anterior Fiscal, está por los suelos.
Pues si bien el Congreso del Estado avaló en su momento a Salas Chávez, pronto el funcionario ha sacado el cobre represor que le antecede. Y no es poca cosa.
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