Desde que comenzó su actual mandato, Donald Trump ha intensificado un discurso contra el "narco-terrorismo"
Por: Rubén Carreón Diazconti
A lo largo de los años, la llamada "Guerra contra las drogas" ha servido como justificación para que Washington lleve a cabo intervenciones, facilite pérdidas humanas y despliegue tropas en áreas fuera de sus fronteras. Lo que se presenta como un esfuerzo para combatir el narcotráfico se convierte, en 2026, en una justificación superficial para aumentar la influencia estadounidense en América Latina —con México, Colombia y Venezuela como puntos focales— y, en el caso de Caracas, una estratagema para apoderarse de recursos estratégicos como el petróleo.
Desde que comenzó su actual mandato, Donald Trump ha intensificado un discurso que no sólo se limita a detener barcos en altamar que parecen desde su punto de vista involucrados en el tráfico de sustancias; ahora también promete ofensivas terrestres, con acciones militares que infringen la soberanía de países vecinos bajo la justificación de "narco-terrorismo".
La administración de Claudia Sheinbaum ha respondido de manera contundente al enfatizar que una acción directa contra México no es necesaria y es opuesta a la soberanía. No obstante, las amenazas expresadas abiertamente y la movilización de fuerzas militares en el Caribe y el Pacífico transmiten un mensaje inequívoco: la frontera norte no es una línea de contención, sino un trampolín para futuras acciones.
Pero tomemos un momento para reflexionar: ¿qué es lo que realmente está evaluando este conflicto? Si el mayor propósito fuera reducir el daño, las estrategias se enfocarían en la salud pública, la eliminación de penalizaciones, la asistencia para el consumo problemático de sustancias y la reducción efectiva de la demanda de drogas a nivel nacional, la cual ha sido históricamente el motor subyacente del tráfico de drogas. Sin embargo, la retórica bélica no habla de reducir muertes por sobredosis ni de fortalecer sistemas de salud; habla de misiles, tropas y objetivos estratégicos.
La situación en Venezuela ejemplifica esta contradicción. A pesar de la versión oficial que sostiene que el Gobierno de Maduro defiende o se relaciona con redes criminales internacionales —como el mencionado Cartel de los Soles, cuya existencia ha sido cuestionada incluso por expertos fuera de Venezuela?, Washington justificó acciones militares en el Caribe y presiones severas sobre Caracas. Lo notable es que, después de que Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y de la ocupación parcial del país, el tono del discurso oficial cambió de cocaína a petróleo casi sin aviso y con una claridad inquietante. Las tropas de Washington han empezado a asegurar los recursos energéticos de Venezuela y a ofrecer oportunidades a empresas petroleras de Estados Unidos, enviando un mensaje contundente: el auténtico premio podría ser el petróleo y no el fentanilo.
Aunque la justificación inicial se presentaba como una batalla contra el narcotráfico, el resultado tangible —que era predecible— es una ampliación militar encubierta bajo el concepto de seguridad del continente, lo cual compromete la autonomía de naciones aliadas y refuerza la percepción de una nueva versión de la Doctrina Monroe, interpretada de nuevo como una injerencia abierta en los asuntos de países vecinos.
Este guion ya ha sido probado y reprobado: guerras sin fin, miles de muertos, estados debilitados y economías desangradas no han mermado ni el consumo estadunidense ni la producción de drogas ilícitas. La violencia se ha desplazado, se ha sofisticado y ha corrompido instituciones, pero nunca ha desaparecido. Esa es la contradicción inherente de una política que se niega a enfrentar la demanda de sustancias que alimenta el problema y, en cambio, exporta violencia y justificaciones para bombardeos.
Ante esta situación complicada, la auténtica reducción de daños no reside en enviar buques de guerra ni en amenazar con operaciones militares. Se trata de aceptar que México, Venezuela y Colombia no son los únicos implicados en este dilema: la demanda de drogas dentro de Estados Unidos y el colapso de décadas de políticas prohibicionistas son parte del problema que han exportado. Abordar el problema a través de la guerra puede generar titulares llamativos y respaldar narrativas de poder, pero no disminuye las muertes, no interrumpe las rutas y no elimina las organizaciones criminales. Lo único que logra es expandir áreas de enfrentamiento.
Si Washington quiere realmente ser parte de una solución, debería empezar por desmantelar su propio arsenal legislativo de prohibiciones ineficaces, financiar políticas de salud pública y aceptar que ninguna intervención militar foránea puede sustituir la soberanía y el desarrollo social de las naciones latinoamericanas. Cualquier otra excusa es, más que una guerra contra las drogas, una guerra por el control —político, económico y militar— de una región entera.
*Egresado de la X generación de la maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.