Formulado en la década de 1960, ha cobrado nuevo auge como una de las ideas clave en las discusiones contemporáneas sobre urbanismo
Por: Alejandro Duarte Aguilar
Si bien fue formulado en la década de 1960, el concepto de “derecho a la ciudad” ha cobrado nuevo auge como una de las ideas clave en las discusiones contemporáneas sobre urbanismo, ciudadanía y justicia social. Se parte de la premisa de la ciudad como un espacio no sólo físico, sino social, un lugar de encuentro, intercambio y producción colectiva que debería ser accesible a todos los ciudadanos, más allá de su capacidad económica o su estatus social. Se refiere,entonces,a la posibilidad de que todos los habitantes de una ciudad puedan participar activamente en su configuración, no sólo como usuarios, sino como coproductores de los espacios urbanos. En otras palabras, es el derecho a decidir sobre el espacio que habitamos y a cambiarlo de acuerdo con nuestras necesidades y deseos colectivos, que se relaciona con la posibilidad de reinventar la ciudad desde una perspectiva inclusiva y democrática.
Sin embargo, no es un concepto que se limite a una aspiración utópica. Para que sea efectivo, requiere una serie de condiciones que involucran tanto a los ciudadanos como a las autoridades gubernamentales. Para ello, es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de su papel activo en la vida urbana, sin limitarse a exigir mejores infraestructuras o servicios, sino participando en los procesos de planificación y gestión del espacio público. La noción de ciudadanía activa está en el corazón del concepto: los habitantes deben reclamar su lugar en la toma de decisiones, ya sea mediante la participación en procesos consultivos, como en la organización de movimientos vecinales o el simple uso creativo y dinámico de los espacios públicos.
Por otro lado, los gobiernos tienen una responsabilidad crucial en asegurar que las ciudades se desarrollen de manera equitativa y sostenible. Esto implica garantizar el acceso a la vivienda digna, el transporte público eficiente, la seguridad y la infraestructura verde, entre otros elementos. Las autoridades locales, regionales y nacionales tienen la obligación de promover políticas que no sólo respondan a las necesidades inmediatas de la población, sino que también proyecten un crecimiento urbano inclusivo a largo plazo, donde los derechos básicos de la población, como la vivienda y el acceso al espacio público, estén asegurados para todos.
La ciudad no debe ser un producto de la especulación inmobiliaria, donde el acceso al suelo urbano esté regido por la capacidad de pago. La tendencia a priorizar la inversión privada en grandes proyectos de infraestructura o en la creación de zonas exclusivas de comercio y vivienda de lujo, muchas veces entra en conflicto con las necesidades de las comunidades más vulnerables, que quedan excluidas de los beneficios de un crecimiento urbano pensado desde la lógica del capital. Lo anterior supone uno de los mayores desafíos que enfrentan las democracias liberales contemporáneas, esto es, cómo equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos urbanos.
Asegurar el derecho a la ciudad, dentro de un marco democrático y liberal, tiene beneficios directos y tangibles para la calidad de vida de todos los ciudadanos, permitiendo el desarrollo de ciudades más inclusivas, donde la diversidad social y cultural es celebrada en lugar de marginada. Las políticas que priorizan el acceso a la vivienda y los servicios esenciales, junto con una planificación urbana participativa, fomentan una cohesión social más fuerte y un sentido de pertenencia entre los habitantes.
Además, se favorece un desarrollo urbano más sostenible; cuando los ciudadanos participan en la planificación de sus barrios y en la gestión del espacio público, se tiende a priorizar soluciones que sean tanto social como ecológicamente responsables. Ejemplo de ello es el creciente interés por proyectos de infraestructura verde, y la priorización de los espacios públicos como parques urbanos y corredores peatonales, que no solo mejoran la calidad del aire y reducen la contaminación, sino que también propician espacios de encuentro comunitario y fortalecen el tejido social.
Otro beneficio importante es el refuerzo de la democracia participativa. Cuando las personas tienen la posibilidad de intervenir en las decisiones que afectan su entorno, se promueve una mayor responsabilidad cívica y una implicación más profunda en los asuntos públicos, beneficiando así no solola gestión urbana, sino también contribuyendo a una cultura política más robusta, donde los ciudadanos no son meros espectadores, sino actores clave en la configuración de sus entornos.
En resumen, mucho más allá de un simple reclamo sobre el uso del espacio urbano, el derecho a la ciudad es una llamada a repensar cómo entendemos nuestra relación con los entornos urbanos y con los otros ciudadanos. En este sentidoes, sobre todo, una reivindicación de la vida en común y del poder transformador de lo colectivo.
Profesor-investigador titular del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora, campus Hermosillo. Egresado de la maestría de El Colegio de Sonora.