Detenidos en la caseta de Fundición de nueva cuenta vieron aplazada su audiencia de vinculación en el Centro de Justicia Penal Federal de Los Mochis
Por: Francisco González Bolón
Cuando era diputada, María Dolores del Río Sánchez se fue con todo contra los actos de corrupción derivados de las casetas de cobro ilegales en la carretera de Cuatro Carriles de Sonora. Pertenecía entonces, al menos de los dientes hacia afuera, al partido Movimiento Ciudadano.
Hoy, entregada a Morena, al menos de los dientes hacia afuera, tiene sometidos a juicio a al menos doce sonorenses que se atrevieron a protestar por lo mismo que ella cuando era legisladora.
Y, como sucedió el sexenio pasado en el caso del yaqui Fidencio Aldama Pérez, contra quien había consigna de mantenerlo en la cárcel a como diera lugar, ayer los detenidos en la caseta de Fundición de nueva cuenta vieron aplazada su audienciade vinculación en el Centro de Justicia Penal Federal de Los Mochis, Sinaloa, ante el Juez de Control.
El motivo: a la defensa le entregaron apenas el jueves la carpeta de investigación y lógicamente no hubo tiempo suficiente para armar una estrategia para que sus representados salgan bien librados de este problema en el cual la Policía al mando de Del Río Sánchez los detuvo sin una orden de Juez y los entregó en la Fiscalía General de la República con sede en Hermosillo.
Uno está de acuerdo en que las protestas contra las ilegales casetas de cobro no van a resolver el problema si un grupo de personas las “libera”, es decir permiten el paso libre a los automovilistas, pues el Gobierno las considera una agresión por impedir el ingreso de recursos a las arcas gubernamentales.
Pero se llega a ese extremo porque las autoridades nunca han querido hacer caso de la voz popular de que esos sitios de cobro están fuera de la legalidad mientras no haya alternativas de paso libre para los ciudadanos.
Y aquí todo se agrava porque alguna vez ciertos políticos de izquierda que hoy militan en Morena condenaron la presencia de las casetas e hicieron berrinches como hoy lo siguen haciendo miles de sonorenses.
Pero en ese entonces, sus manifestaciones eran “adecuadas” porque eran oposición, pero hoy que ya están en el poder, no toleran que les hagan esos “berrinches” los ciudadanos y más temprano que tarde disponen de las herramientas policiacas que, aunque sean utilizadas sin fundamento legal, son buenas para quitarse de encima “a los revoltosos”.
Es decir, vil hipocresía. La Secretaria de Seguridad Pública cae en esa circunstancia y queda de manifiesta su incapacidad para mantener un diálogo con los manifestantes, que es la primera acción antes de emprender la represión como aquí se hizo, como queda en evidencia porque hay testimonios de agentes de la Guardia Nacional que no quisieron detener a los manifestantes porque carecían de una orden judicial.
Es de ese modo como los gobernantes caen de la gracia de los ciudadanos, pues una cosa es lo que dicen en campaña y otra la realizada cuando ya están en el poder. Y máxime porque quienes están en el lado de los manifestantes han dicho que la primera ocasión en que los convocaron a “liberar” las casetas, los coordinadores del movimiento eran los gobernantes de hoy, a los que se les canalizaron los recursos recabados como “aportaciones” a sus campañas políticas.
Al menos eso es lo que han vociferado algunos de ellos, pero sería bueno que dieran a conocer las pruebas mediante las cuales demuestren que el dinero fue a parar a las manos de quienes hoy los han enviado a juicio por “atreverse” a disentir por un tema que ha sido bandera de muchos ciudadanos por años.
Estamos en vísperas de un año electoral y cada quien trata de jalar agua para su molino, por lo cual es de esperarse que este suceso de los encarcelados por la lucha contra las casetas no vaya a ser parte de un proceso que de por sí estará bastante “movido” por todo lo que implica querer llegar o mantenerse en el poder, con intereses bastante obvios.
Sonora merece ya alternativas de solución al problema de las casetas de cobro porque no es con un “chip” como se les quitará lo ilegal, ya que seguirá de todos modos la acción de desangrar los bolsillos de los viajeros.
Si lo que se desea es ser atractivos ante los ojos de los inversionistas, de dentro o fuera del país, habrá que empezar por someterse a las leyes.
De otro modo, todo lo que se diga será pura demagogia.
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