Una demanda en BJ
Por: Gerardo Armenta
Bacabachi es un lugar eminentemente rural ubicado al sur de Navojoa. Sus caras más visibles dan a la carretera Internacional. En esta parte suya existe un punto al que se conoce, siniestra o terroríficamente, como "El Crucero de la Muerte". Debe ser fácil deducir (con explicable o doloroso dramatismo) ¿por qué se le puso tan cruda o temible identificación?
Es obvio que en "El Crucero de la Muerte" lo que le hace falta a Bacabachi es un puente peatonal. No sólo eso. Porque su población también necesita obras diversas en escuelas, campos deportivos, arreglo de caminos y otras más que deben ser entendidas como de indudable beneficio comunitario. Pero de nada ha servido la evidencia de que, por supuesto, se trata de obras en extremo necesarias para la población.
La Comisaría de Bacabachi está formada por 16 comunidades. Muchos pobladores suyos deben viajar constantemente a Navojoa. Pero lo hacen en el contexto de un problema: la mayoría de los vehículos en que se trasladan a la cabecera municipal no tienen el consabido "Chip" para transitar por la carretera de peaje, que es la Internacional. Entonces lo que hacen para movilizarse es utilizar una brecha. Así escapan de la caseta de cobro conocida como "La Jaula". El dramatismo de esta decisión, inducida por un abuso institucional inexplicable, se explica por sí solo.
Como bien consta a la población del sur del Estado, Rosario García Borbón es un líder social y activista que se ha opuesto a las casetas de peaje desde hace más de 30 años, prácticamente una vida, si se quieren ver las cosas así. Por eso, señala que el aumento del tres por ciento a las tarifas de peaje, representa una burla más de Caminos y Puentes Federales, "sobre todo contra los habitantes de la Comisaría de Bacabachi". Allí, vale reiterarlo, está ubicada la caseta de "La Jaula", que, como también se sabe, es una de las dos que, insólitamente, funcionan en el Municipio de Navojoa, casi desde que los tiempos son tiempos.
Mientras tanto, cabe reconocer que, en ocasiones, se complican los asuntos laborales en el ámbito de las alcaldías sureñas. Hoy mismo, por ejemplo, están en curso cinco demandas de extrabajadores de confianza del Ayuntamiento de Benito Juárez. Se infiere que fueron removidos de sus empleos al llegar la nueva administración municipal.
El problema es que, por lo visto, no han sido liquidados (así se estila decir en el ambiente laboral) conforme a la ley. Por eso se produjo la querella. El asunto parecería fácil de resolver. Pero en los hechos no sucede así. Se sabe que están pagando "por partes" a quienes menos se les debe. Los interesados aceptan cantidades pequeñas "por la necesidad económica que tienen", según relato de Miguel Ángel Valencia Baynori, quien forma parte del grupo de extrabajadores de la Comuna de Benito Juárez.
Sin embargo, consideró que "también es una estrategia del Gobierno para que, a los que nos deben más, se nos pase el tiempo para la demanda legal. Pero vamos a demandar porque no hay seguridad de pago". Así lo dijo. Cabe señalar que originalmente fueron 35 los trabajadores despedidos al llegar el nuevo Gobierno del Municipio de Benito Juárez. Pero después se redujo el número de quienes están en favor de la demanda.
De esta manera, Valencia Baynori estima que, con el término legal de la demanda, "van a llegar muchos nuevamente, apurados porque seguramente no les van a pagar". La que se describe es una situación incómoda para quienes la están enfrentando, y un tanto hasta difícil de creer. Es así porque, por ejemplo, existen casos de extrabajadores del Ayuntamiento a los que, incluso, se les deben siete quincenas de salario, quincenas que adeudan tanto el actual como el anterior Gobierno Municipal. El caso del aguinaldo también estaría por verse en el marco de las negociaciones respectivas.
Los extrabajadores involucrados en este problema esperan que todo se resuelva conforme a la ley. Tal cual deberá ser el procedimiento. Ni siquiera vale pensar en un trámite indebido para concluir el diferendo reseñado. No tendría caso. Lo mejor será que este conflicto en Benito Juárez se resuelva conforme a los principios y procedimientos legales en vigor. No puede ser otra la solución.
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