En los últimos 4 años han asesinado a importantes voceros de la etnia y a opositores al despojo del agua, como Tomás Rojo Valencia
Por: Alberto Vizcarra Ozuna
Se esperaba que con la puesta en marcha del Plan de Justicia para los pueblos yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los inicios de su administración, el territorio de la etnia gozaría de condiciones de seguridad básicas y las acciones del Gobierno Federal, cuando menos, revertirían los intentos de los gobiernos neoliberales por despojarlos de sus recursos naturales, especialmente el agua, que se les roba con la operación ilegal del Acueducto Independencia, obra impuesta a sangre y fuego durante el gobierno insólito de Guillermo Padrés, con el respaldo de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero las cosas no son así. No obstante que el Gobierno prometió un despliegue de obras de asistencia y beneficio en todo el territorio yaqui con una inversión proyectada de más de 11 mil millones de pesos, lo cual reclama una presencia constante de funcionarios estatales y federales, las condiciones de inseguridad y violencia se han incrementado dramáticamente durante este gobierno. En los últimos cuatro años y dentro de esta ola de violencia, han asesinado a importantes voceros de la tribu y a destacados opositores al despojo del agua, como Tomás Rojo Valencia. Los integrantes de la tribu, no han dejado de denunciar este hecho contradictorio. Cómo es posible que la violencia permanezca cuando está tan densificada la presencia del Gobierno en el territorio, ocupado por 35 mil indígenas. El viernes 3 de febrero, autoridades del pueblo de Pótam, segunda cabecera de los pueblos yaquis, junto con otros integrantes de la etnia, denunciaron amenazas de grupos delincuenciales que impunemente se despliegan en el territorio y disponen medidas de terror, al imponer en los pueblos “toques de queda”, realizando detenciones y desapariciones de personas que transitan en horas prohibidas por los grupos criminales. Los mismos denunciantes, acusan que las autoridades estatales y federales, no intervienen, encubriéndose en el respeto a la autonomía territorial. Según estas denuncias, el acostumbrado asedio de las autoridades durante la última década para que la tribu se rinda y renuncie a la defensa jurídica de las aguas del Río Yaqui y en contra del Acueducto Independencia, ahora tiene agregado el componente atemorizante de una desbocada ofensiva de grupos criminales, quienes recargan su hostigamiento en contra de los yoremes identificados con la defensa del agua. El hostigamiento en contra de los yaquis, es capitaneado por los directivos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), quienes sostienen dos frentes de ofensiva: concluirle la consulta a la tribu, ordenada por la Suprema Corte, sobre las afectaciones ocasionadas por el Acueducto Independencia, para coronar los esfuerzos iniciados por el gobierno de Peña Nieto, logrando así legalizar lo ilegal. Establecer de jure lo que operan por la fuerza. El otro frente, es rendir a los yaquis que se niegan a aceptar la desaparición del decreto de Lázaro Cárdenas, emitido en 1940, que les da primacía en el uso del agua de la Cuenca del Río Yaqui y les otorga jurisdicción sobre la parte media y alta de la cuenca donde ilegalmente opera el acueducto. Esta sería la consecuencia de aceptar el decreto de López Obrador, que rebaja a la tribu a la condición de concesionarios, despojándolos de la protección del decreto cardenista que les garantiza un volumen específico de agua y les da prioridad con respecto a los demás usuarios de la cuenca. Lázaro Cárdenas es honrado en la galería de héroes que son el emblema del gobierno de López Obrador, pero en la práctica se le ultraja, cuando el gobierno cede a las presiones y procura desmontar el decreto cardenista que protege a la tribu yaqui. En su campaña electoral del 2006, Andrés Manuel López Obrador, repetía en sus discursos que no llegaría a la presidencia de la república realizando acuerdos que comprometieran a su gobierno con intereses ajenos al bienestar general. La expresión retórica rezaba más o menos así: no dejaré girones de mi dignidad en el camino a la presidencia. El estribillo perdió color en la campaña del 2012, y en el 2018 desapareció por completo de su discurso, al tiempo que alumbraban acuerdos con personajes de la vida pública (antes vituperados por él) que comprometían la dignidad presumida por el presidente. Alguien lo convenció, o se convenció sólo, de que no había otra forma de llegar a ocupar la presidencia de la república. Sin duda un pedazo de esa dignidad, quedó tirado en Sonora, cuando el presidente decide respaldar todas las ilegalidades y los abusos cometidos en torno a la imposición del Acueducto Independencia. Una obra cuya inviabilidad técnica, afectación social y económica, está abrumadoramente documentada. Al desviar las aguas del Río Yaqui a la Ciudad de Hermosillo, desde una cuenca hidrológica en condición deficitaria, se incrementa el estrés hídrico de todo el sur de Sonora, en tanto que las extracciones bombeadas por el sistema del acueducto, se realizan desde la parte media de la cuenca, impactando negativamente a los usuarios de la parte baja, donde se ubica el territorio yoreme y el Valle del Yaqui, una de las principales regiones productoras de granos básicos. El presidente sabe que el Acueducto Independencia opera ilegalmente, y también sabe que afecta a los yaquis y a las actividades productivas del sur de Sonora. Pero ninguna de estas evidencias resultó suficiente para que procediera con apego a la legalidad y a la racionalidad técnica. Los compromisos con los intereses privados que se han dado cita en la capital del estado de Sonora, para apalancar grandes negocios inmobiliarios, normaron la conducta presidencial. Se proyecta hacer de la ciudad una mole obesa, de millones de habitantes, que reclama ingentes volúmenes de agua. La ciudad se reporta como la vanguardia nacional en la especulación inmobiliaria. La parte más vulgar de esos compromisos se puso en evidencia, cuando reconocidos representantes de los intereses políticos y económicos de Guillermo Padrés, fueron recibidos como protagonistas de la cuarta transformación en Sonora. El costo social del sometimiento a una política hídrico que privilegia la tasa de retorno monetario en el manejo del recurso y desprecia el uso del mismo en la producción de granos básicos y en el beneficio a la Tribu Yaqui, es inconmensurable. Terminar de imponer la arbitrariedad empezada por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, le ha exigido a este Gobierno mantener el asedio sistemático sobre la Tribu Yaqui. Ciudad Obregón, Sonora 8 de enero del 2023