Es la tercera Entidad en reconocer leyes que favorecen a la comunidad sordomuda, dice Luis Fernando Rentería, de la CEDH
Por: Sebastián Moreno
Sonora se convirtió en el tercer Estado de la República que reconoce en sus leyes la lengua de señas para personas de la comunidad sordomuda.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Luis Fernando Rentería Barragán, consideró que es un avance relevante en la protección de los derechos humanos para todas las personas.
Por su parte, Liliana Gabriela Quintero Cota, líder de la Comunidad Ciega y de Baja Visión, consideró que este tipo de acciones permiten acortar esa barrera que hay para las personas que viven con alguna discapacidad física y que a base de luchas se ha ido cambiando.
Así como ya se trabaja en la comunicación para personas sordomudas, indicó, debe impulsarse el sistema Braille, para que miles de personas con problemas en el sentido de la vista dispongan de esa herramienta a la hora de tener algún problema con la justicia ya sea como acusado o como perjudicado.
Además de Sonora, el reconocimiento de la lengua en señas dentro de la Legislatura ya lo aplican en la Ciudad de México y en Yucatán, expuso Fernanda Melissa Islas de los Reyes durante su conferencia en la CEDH, quien impartió la conferencia especial en la sede del organismo en Hermosillo.
Como integrante del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación (CCPRED), indicó que la lengua de señas está establecida oficialmente en el artículo 8 de la Constitución sonorense, así como en varios preceptos de la Ley Estatal para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad.
“Con esto se logra brindar a las personas sordomudas el mismo derecho a una defensa jurídica total y en igualdad de circunstancias”, puntualizó.
Un aspecto que todos deben reconocer, expuso, es que las personas sordomudas tienen los mismos derechos que los oyentes y se deben fortalecer este tipo de programas para erradicar la discriminación y la falta de oportunidades.
Resaltó la urgencia de formar y capacitar a interpretes en especial en los sistemas de procuración de justicia y en todos los sectores de la sociedad en general.