Por: Eduardo Sánchez
Aunque aún es extraoficial que ambas dependencias dejarán de operar, Julio César Pablos Ruiz, presidente del organismo señaló que estas decisiones gubernamentales vienen a afectar directamente a nuestra comunidad, pues en ambos casos es necesaria su funcionamiento.
En el caso de las oficinas de PROFECO, Pablos Ruiz consideró que estas son indispensables para salvaguardar los derechos del consumidor en nuestra región.
“Por muchos años ha sido un aliado indiscutible del ciudadano y ha defendido sus intereses por encima de abusos u omisiones de empresas o instituciones en nuestra localidad”.
En tanto, en lo que respecta a la Casa de la Cultura Jurídica, el presidente de Canacintra, aseguró que este recinto es un punto de reunión y de promoción de la legalidad, que tanta falta nos hace en nuestra sociedad.