Su director, Marco Iván Márquez, llama a la comunidad a sumarse a las denuncias ciudadanas para prevenir el uso indebido de los recursos público
Por: Francisco Minjares
Cajeme Cómo Vamos interpuso una denuncia por faltas administrativas ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas y el ISAF en contra de un funcionario de la administración municipal, por presuntamente haber celebrado seis contratos con familiares por un valor de 3.4 millones de pesos entre el 2022 y el 2025.
La Asociación Civil informó en rueda de prensa que las denuncias por hechos de conflictos de interés, contratación indebida, abuso de funciones, tráfico de influencias, participación ilícita en procedimientos administrativos, desvío de recursos públicos daños y perjuicios causados al patrimonio, entre otros.
Marco Polanco, asesor jurídico de Cajeme Cómo Vamos, dijo que el escrito con los señalamientos y sus pruebas fueron presentados ante el ISAF del Estado de Sonora con el propósito de que esa instancia también analice los hechos en el marco de sus facultades de auditoría pública.
"La denuncia se basa en información y documentación obtenida de la plataforma nacional de transparencia y solicitudes de acceso a la información pública, así como del propio portal del ayuntamiento", abundó.
En caso de que la denuncia proceda las posibles consecuencias para un servidor público pudieran ser amonestación o suspensión de hasta 90 días, dependiendo de la gravedad, destitución, inhabilitación por un plazo de 3 meses a un año en situaciones no graves o hasta 20 años en caso de ser grave y sanción económica.
El asesor jurídico agregó que a raíz de esto Cajeme Cómo Vamos espera que la URA analice los hechos y las pruebas, además que, en caso de haber hecho uso indebido de recursos públicos, estos sean devueltos al erario público.
LLAMAN A LA SOCIEDAD A LA CULTURA DE LA DENUNCIA
Marco Iván Márquez, director de la asociación, hizo el llamado a la comunidad a sumarse a las denuncias ciudadanas, que son una herramienta clave para evitar el uso indebido de los recursos públicos, además que haya antecedentes de que están señalando lo que creen puede ser un riesgo de corrupción para que esas prácticas no se repitan.