Miles de casas abandonadas en Cajeme: Inegi

La Barra Mexicana de Abogados en Sonora apoya la propuesta del Infonavit para regularizar viviendas abandonadas invadidas ilegalmente, considerándola un primer paso positivo.

Por: Román González

Ante el debate que ha generado la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para recuperar casas abandonadas a través de esquemas de venta para regularización a quienes las han invadido de manera ilegal, la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Sonora aseveró que se debe de analizar el proceso, pero en esencia es un buen primer paso para atender la problemática.

Omar Guillén Partida, presidente de la Comisión de Derecho Económico de la Barra, explicó que de acuerdo con el Inegi en el Municipio se tienen más de 22 mil casas abandonadas, de las cuales cuatro mil están de manera ilegal o irregular; es decir, que están invadidas.

Añadió que si bien existe el problema de vivienda, a esas condiciones se suman otros factores de riesgo que derivan en un problema social; puso como ejemplo que en muchas de esas casas han encontrado personas secuestradas, han sido utilizadas para la venta de droga, e incluso en algunos lugares se han detectado fosas clandestinas, por lo que facilitar que sean habitadas por familias mejoraría el entorno.

El abogado explicó que actualmente, en el tema jurídico, la ley contempla mecanismos que pueden lograr para acreditar hechos de propiedad a fin de sacar escrituras y quedarse con la vivienda, tanto en el caso de una prescripción positiva, como negativa.

Añadió que la iniciativa puede ser un buen camino si se cuida el debido proceso y se respeta el derecho a la propiedad de quienes posiblemente sean dueños y que puedan demostrarlo con documentación.

Aclaró que hay muchas casas de trabajadores que en su momento solicitaron un crédito, pero que lamentablemente fallecieron o se fueron a vivir a otro país; casos en los que el Gobierno deberá de analizar cómo hacer que una familia que no tenga el ingreso suficiente o en condiciones de extrema pobreza, pueda regularizar su estancia.

Finalmente, resaltó la importancia de un enfoque gubernamental que considere créditos blandos a través del Infonavit y la "renta con opción a compra" para ayudar a las familias en extrema pobreza, asegurando que es crucial que el Gobierno respete los derechos de propiedad y garantice un debido proceso para evitar conflictos y regularizar la situación, especialmente porque muchas casas abandonadas están siendo usadas para actividades delictivas.

Especialistas coinciden en que, aunque puede ser un paso positivo, requiere un análisis minucioso para evitar consecuencias contraproducentes