Por: Eduardo Sánchez
Ante el Ministerio Público es por los presuntos delitos de sedición y usurpación de funciones por parte del legislador local, Jesús Ernesto Montes Piña, así como de la síndica municipal, Elaine Alejandra Spriú Vargas, por ostentarse de forma ilegal como encargada de despacho del Ayuntamiento.
Por otra parte, sigue vigente la denuncia de cerca de 40 ex trabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos injustificadamente a inicios de la administración y a quienes prometieron resolver el caso, una vez que se nombrara un nuevo alcalde.
“Primero nos dijeron que estaban esperando que se pusiera un presidente interino; después, que no se habían hecho las cosas como marca la ley, y parece ser que la síndica es a quien por derecho le toca, pero mientras tanto, a los pobres extrabajadores ahí los tienen en espera de que alguien le eche la mano.
“Hace tiempo, el diputado federal Marcos Carvajal se comprometió conmigo a ver qué podía gestionar para ver si había algún recurso federal que pudiera bajarse y aplicarlo en Bácum y en San Ignacio Río Muerto, pero hasta ahí estamos ahorita”, puntualizó.