Por decreto presidencial entra en vigor Plan de Justicia Yaqui
Octubre 27, 2020 - 08:53 p.m.
Michel Inzunza
Entró en vigor este lunes, pero los trabajos técnicos iniciaron antes de agosto y actualmente se ha avanzado en restitución de tierras
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Michel Inzunza
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara el 6 de agosto en Vícam, la implementación del Plan de Justicia Yaqui, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo ejecutivo.
De acuerdo con las autoridades tradicionales de la tribu, el nuevo decreto es la pieza que hacía falta al mandato del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, en el cual se ordenaba restituir el territorio de la etnia, además de otorgarle el derecho al 50 por ciento de agua del caudal del Río Yaqui.
Una de las desventajas del decreto emitido por el presidente Cárdenas fue que se instrumentó a través de los militares, pero ahora, al haber un Plan de Justicia sujeto a un marco legal, se da una formalidad institucional, dijeron las autoridades de la Nación Yaqui.
Con el nuevo decreto, ordenado por el presidente López Obrador, se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, la cual tendrá como objeto analizar, diseñar y proponer un plan que atienda necesidades sobre tierras, territorio, agua y desarrollo integral de la tribu.
La comisión es dirigida y dependerá directamente del presidente de la República; está integrada por 11 dependencias federales, las cuales son coordinadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Aunque el decreto entró en vigor este lunes, el pueblo yaqui inició los trabajos técnicos desde antes de agosto y a la fecha se tiene avance en materia de restitución de tierras, dijeron las autoridades de la tribu.
En días pasados los yaquis presentaron un amparo para recuperar el territorio expropiado en 1997 por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, además hicieron un análisis técnico sobre la dotación de agua que les corresponde de la Presa La Angostura.
Al haber un decreto presidencial, dijeron, se fija una línea de trabajo para los distintos niveles de Gobierno, principalmente el Estado y los municipios, quienes no podrán fungir como intermediarios, ya que la relación institucional es a través del Gobierno Federal, puntualizaron las autoridades.
