Article inline ad

La Tribu Mayo se mantiene muy pendiente del proyecto del gasoducto y retomarán en breve un amparo que interpuso hace cuatro años, a fin de que la Secretaría de Energía ordene una consulta sobre el caso.

Por: Raúl Armenta Rincón

Así lo informó Ismael Yocupicio Cota, dirigente del Consejo de Gobierno Autónomo Yoreme del Territorio Mayo, quien reveló que 207 kilómetros de territorio indígena son susceptibles de afectación por la construcción y operación de la obra.

Señaló que de momento no tienen conocimiento de que la empresa del gasoducto esté en movimiento, en lo que ha tenido que ver la actual contingencia sanitaria, que “tiene paralizada muchas obras”.

Yocupicio Cota aclaró que no se oponen de antemano al proyecto, que en Navojoa se concretaría este año, sino que pretenden que se les tome en cuenta, lo cual no se ha cumplido, pero sobre todo conocer los detalles y todo lo referente al proyecto.

“Queremos saber sobre las inversiones iniciales de la empresa y las que ejercería año con año, el material que utilizará, las áreas específicas donde trabajará, la procedencia y destino del gas, así como el personal de trabajo, si será nacional o extranjero”, agregó.

Afirmó que, el Consejo de Gobierno Autónomo Indígena está haciendo lo pertinente, lo que debe hacer de acuerdo a términos legales y correctos, y no como oportunidad de obtener dinero o negociar, sino de que se les garantice apoyos en especie, empleos, cuidado del medio ambiente, entre otros beneficios.

Yocupicio Cota recordó que en el 2016 la etnia interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón y también ese año la Comwisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que establece que todo proyecto o estrategia de desarrollo que afecte a zonas indígenas debe contar con la plena participación de las comunidades, siempre que sea posible, en las fases de diseño, ejecución y evaluación.

Explicó que la consulta previa es un instrumento de diálogo legítimo y eficaz en la prevención y resolución de conflictos, en la medida que sus resultados sean vinculantes, y obrará en protección de los derechos humanos de los indígenas, siempre que se logre progresivamente el consentimiento libre, informado y en condiciones justas.