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Moisés Gómez Reyna
(economista)

Si existe un grupo de la población que se ha visto especialmente afectado por los efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19, ese ha sido el de los jóvenes.

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en este grupo es sobre el que se han aplicado los mayores recortes de personal y de horas de trabajo para contrarrestar los efectos de la crisis económica en las empresas.

Actualmente, señala la OIT, al menos 1 de cada 6 jóvenes no trabaja desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Además, los que han logrado conservar su empleo han visto una reducción del 23% en sus horas de trabajo y, por lo tanto, sus ingresos han caído de manera sustancial.

El informe advierte que la pandemia tiene un triple impacto en los jóvenes ya que, además de destruir sus trabajos, impacta su educación y formación, y llena de obstáculos el camino de los que buscan entrar al mercado de trabajo o cambiar de empleo.

En México, hasta ahora las cosas no han sido distintas. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre marzo y abril de este año se han perdido en el país más de 685 mil empleos formales, de los cuales el 55% eran ocupados por jóvenes de 15 a 29 años.

De los despidos realizado durante la crisis sanitaria, sólo el 43.8% ha correspondido a adultos entre los 30 y 59 años, mientras que sólo el 1.2% han sido entre adultos mayores de 60 años.

No hace falta ser un experto para deducir que, si no se toman medidas inmediatas y significativas para mejorar la situación de los jóvenes, el legado del coronavirus afectará durante décadas a la sociedad.

Incluso podría hacer mucho más difícil la reconstrucción de la economía “post-Covid”, ya que el talento, energía e innovación de los jóvenes es indispensable para el crecimiento de las empresas y la economía.

¿Qué sería de empresas como Apple, Google o cualquiera compañía tecnológica sin el talento de los jóvenes?

En el peor de los casos, estaríamos ante el riesgo del surgimiento de una “generación perdida”, la cual tendría que afrontar una exclusión permanente de los mercados laborales, ya sea por falta de oportunidades o de competencias.

En este sentido, la OIT instó a los países a poner en marcha políticas concretas y a gran escala de protección y apoyo específico para los jóvenes.

Adicionalmente, urgió a los gobiernos a aumentar las pruebas para detectar casos de Covid-19 y el rastreo de contactos, ya que donde se realizan pruebas rigurosas, se han perdido menos empleos y horas de trabajo.

La razón es sencilla: Las pruebas y rastreo reducen la dependencia de las medidas de confinamiento estrictas; promueven la confianza de los ciudadanos y, en consecuencia, estimulan el consumo y apoyan el empleo; y las pruebas también contribuyen a minimizar la interrupción de las actividades en los centros de trabajo.

En el caso de nuestro país, se requiere con urgencia que el Gobierno federal y los gobiernos estatales pongan en marcha programas de estímulo, reactivación y recuperación de empleos especialmente enfocados a jóvenes.

La aplicación de pruebas y el rastreo de contactos podrían por sí mismos crear nuevos empleos, si bien temporales, pueden estar dirigidos precisamente a este grupo de la población.

También es crucial que las instituciones de educación del país adapten en breve sus planes de trabajo y estudio a la nueva normalidad, de manera que no se postergue más la formación y transferencia de conocimientos hacia los jóvenes.

Estamos a tiempo de actuar. No podemos permitir el surgimiento de “generación perdida”, no al menos, sin hacer algo para evitarlo.

Twitter: @GomezReyna