Article inline ad

A unas horas de que se cumpla el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseguró que la Declaración de Situación Patrimonial ha dejado de ser un simple trámite burocrático para convertirse en un instrumento eficaz para detectar y sancionar la corrupción.

Al encabezar la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la SFP, la funcionaria informó que además de los titulares de las dependencias del gabinete legal y ampliado, como de subsecretarios de las mismas, 77 mil servidores públicos han decidido hacer pública su declaración de situación patrimonial y conflicto de intereses.

En ese sentido, aseguró que se observa un crecimiento de 42 por ciento, con respecto a la administración anterior, de servidores públicos que decidieron transparentar su situación patrimonial frente a la sociedad mexicana.

En la sede de la dependencia federal, Sandoval Ballesteros firmó un Convenio de Colaboración con el titular del Órgano Interno de Control del Inegi, Manuel Rodríguez Murillo, mediante el cual compartirán información que permita la revisión de las declaraciones de los servidores públicos.