Según datos de la Secretaría de Gobernación, del ..29 de enero al 15 de octubre de 2019, se regresó a México a 51 mil 407 personas, principalmente por Ciudad Juárez, Matamoros, Nuevo Laredo, Tijuana y Mexicali.

Y es que, de acuerdo con el protocolo “Quédate en México”, acordado con Estados Unidos el 7 de junio de 2019, todas las personas solicitantes de asilo en aquella nación, desde la frontera con México, serán regresadas a territorio mexicano para esperar la resolución de su caso ante las cortes estadounidenses.

Eso quiere decir, aunque se niegue en los hechos, que México se ha convertido en el muro que Donald Trump quiere construir para los inmigrantes de la región centroamericana.

Lo malo es que entre los 418 reportes sobre secuestros en la frontera norte de México, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) ha detectado que un 90% corresponde a personas que esperan para solicitar asilo en EU o una vez que son devueltos a México a esperar la resolución de sus casos.

Por ello desde el lunes y hasta el jueves, organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos están llevando a cabo diversas acciones, en ambos países, para llamar la atención de los gobiernos sobre el impacto negativo del Protocolo “Quédate en México”, pues han detectado que abre la puerta a la violación del derecho al asilo de las personas y evidencia la complicidad del gobierno mexicano para que el gobierno estadounidense cierre su sistema de asilo.

Y es que, según se ha visto en la práctica, las personas devueltas a México no tienen la posibilidad real de acceder al debido proceso y representación legal y, en consecuencia, ganar sus casos.

En 10 meses, documenta Imumi, de las 51 mil 407 solicitudes realizadas, solo se han ganado tres casos, lo que evidencia el objetivo de dicho Protocolo: impedir el asilo en Estados Unidos. Desde 2017, el gobierno estadounidense ha tomado diversas medidas para impedir la migración y el asilo en su país.

Entre las personas devueltas hay familias y población en condiciones extremas de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, aún si parte del acuerdo entre ambos países era la no devolución de este grupo poblacional.

A ello se suman las condiciones de inseguridad a lo largo de la frontera norte de México que deja en la indefensión a la población solicitante de asilo en Estados Unidos que ha sido devuelta a México bajo el Protocolo “Quédate en México”.

Tan solo en Tamaulipas, por donde se ha devuelto a 12 mil 980 personas, el gobierno estadounidense ha emitido alertas a sus ciudadanos evidenciando el nivel de violencia que ahí ocurre, sin que esto sea un impedimento para regresar a población en condiciones de vulnerabilidad que necesitan protección internacional.

De acuerdo con un monitoreo en línea de 70 publicaciones que reportaban el secuestro de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México, realizado entre septiembre y octubre de 2019, se registraron 418 reportes.

Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de secuestros se registraron y la central de autobuses, saliendo de los módulos del Instituto Nacional de Migración y a la salida de albergues, son los lugares donde se registró el mayor número de secuestros.

Y, fíjese bien, el crimen organizado y la Policía Federal se han reportado como los principales perpetradores de esos secuestros.

Además, 13% del total de los 418 reportes pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales, 50 son menores de edad y 38 familias.

Asegura Imumi que las personas huyendo de la violencia, y otras formas de persecución, tienen el derecho de solicitar asilo en el lugar donde se sientan más seguras, por lo que los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, deberían invertir en fortalecer sus sistemas de asilo y no en obstaculizar los derechos de las personas.

En México, el gobierno debería mejorar su capacidad de protección, con mayor presupuesto para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no en la Guardia Nacional para apoyar a EUA con su programa de disuasión. Además, al participar, México viola garantías de debido proceso, el deber de proteger a solicitantes de asilo y la garantía de no devolución.

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