Una denuncia ventilada a nivel nacional, indica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le ha dado la espalda a las trabajadoras de la guardería ABC que se incendió en 2009.

Si bien es cierto que en esa ocasión la prioridad fueron los niños, de los cuales fallecieron 49, hubo víctimas colaterales, como las asistentes educativas a las que se les niega hasta hoy  el reconocimiento de víctimas a pesar del estrés postraumático que sufren y que imposibilita que puedan medicarse como es debido.

Es quizá la afectación a la vida familiar de estas maestras una historia poco conocida o, mejor dicho, olvidada por una sociedad que convirtió en enemigos a quienes trabajaban dentro de la guardería, sin pensar que también ellos fueron víctimas del incendio.

A lo largo de 10 años, ellas también han tenido su propio viacrucis porque, como relatan, el día del accidente los médicos les otorgaron Clonazepam y Sertralina como una manera de atender ataques de pánico y estrés postraumático. Pero hasta ahí.

Hoy en día, algunas todavía recurren a esas medicinas para superar los traumas derivados del incendio y ver el fallecimiento de tantos niños, pero la CEAV  no las atiende y además de no contar con una pensión digna, refiere el relato periodístico, “al no soportar la carga emocional, sus vidas familiares se han visto gravemente afectadas”.

Junto a ello, están en la incertidumbre de saber si la Fiscalía General de la República les imputará algún delito por acción u omisión, a pesar de que ellas se consideran inocentes pues, como se sabe, el fuego no comenzó en la guardería ni mucho menos ellas lo activaron.

Alma Dinorah Lucero Banda, Perla Alejandra Moreno Olguín, Mónica Alejandra Tánori Garibay, Ana Dinorah Valenzuela Nieblas y Guadalupe Bobadilla Pardo, cinco asistentes educativas, y Sylvia Edith Torres Ruiz y María Eugenia Gálvez, dos trabajadoras de las 42 empleadas que laboraban en la guardería, enviaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador una carta para relatarle su ingrata experiencia.

Estos son sus reclamos: una pensión digna, acceso al Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, que se les reconozca como víctimas y que se les repare el daño de manera integral.

En su momento, refieren, una de las socias de la guardería, Sandra Luz Téllez, le dijo que no tenía dinero para liquidarlas conforme a la ley.

“Nosotros qué íbamos a hacer, ni modo de pelear por algo económico, era más grande el dolor”, señala Perla Alejandra Moreno Olguín.

A los dos meses, según documentan, presionaron a Tánori Garibay para firmar el finiquito. Eso sí, el día del incendio les dieron pastillas para calmar sus problemas emocionales y de esa manera pudieran ayudar en la identificación de los niños.

Las maestras rindieron su declaración ante la entonces PGR, expone el documento de Reporte Índigo, participaron en la reconstrucción de hechos y dieron su testimonio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que realizó una investigación.

“Todo el mundo se acercó solo para usarnos. Se acercaron los ministros para usarnos, para sacarnos información. Se acercó mucha gente nada más para usarnos y criticarnos y después nos echaron la culpa en lugar de echarle la culpa a quienes causaron el incendio”, lamenta Lucero Banda.

Durante este tiempo han batallado para conseguir empleo y aunque algunas se han incluso casado, han debido divorciarse al poco tiempo porque tiene recurrentes crisis de ansiedad.

Otro caso fue el de una de ellas a la que le dieron Clonazepam para tranquilizarla y que pudiera reconocer a niños con lesiones severas y al verlos hospitalizados le impactó tanto que durante seis meses durmió en el cuarto de sus padres con la luz prendida.

“Recordaba todo lo que vio en el hospital. Se la pasaba observando las fotografías de sus alumnos. Entonces le prescribieron Sertralina y un doctor le dijo que por tanto medicamento se le pudo dañar la memoria ya que ahora no recuerda algunas situaciones”.

De ese tamaño, el problema.

Ojalá el Presidente de la República pueda leer la carta y actuar en consecuencia. Ojalá.

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