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El 10 de septiembre, el canciller Marcelo Ebrard rechazó en la Casa Blanca la posibilidad que México se convirtiera en tercer país seguro.

La semana pasada, en anticipación a la reunión, Ebrard declaró que “aceptar ese tratado sería injusto, inequitativo”.

México lleva negando tal acuerdo desde hace meses, a pesar de la presión de Estados Unidos, alegando que usaría la Guardia Nacional para reforzar la frontera sur. Su estrategia ha disminuido la entrada de migrantes dirigiéndose a Estados Unidos por un 56% en 90 días.

Al rechazar la propuesta como “inequitativa”, Ebrard se desvía del punto fundamental: acercarse a las fronteras para pedir asilo es un derecho bajo las leyes estadounidenses e internacionales, representando el consenso sobre la importancia de proteger a las personas de las peores atrocidades.

Estas negociaciones se asemejan a un tratado reciente.

En julio, Guatemala firmó un acuerdo bilateral, y controversial, con Estados Unidos. El documento establece que todas las personas migrantes de Honduras y El Salvador tendrían que tramitar su proceso de asilo para Estados Unidos en Guatemala; en otras palabras, Guatemala se convertiría en un tercer país seguro.

Como una clase de trueque, Estados Unidos prometió triplicar el número de visas de trabajo temporal agrícola a Guatemala.