Después de un par de años de litigio entre yaquis de Loma de Bácum y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ayer el Juzgado VII de Distrito rechazó un amparo que los indígenas habían solicitado.

Por: Michel Inzunza

El recurso fue promovido en 2016, luego de que la CRE otorgó una concesión a la empresa Gasoducto de Aguaprieta para transportar gas natural por territorio yaqui.

En ese entonces se aprobó la ejecución del Gasoducto Guaymas-El Oro, proyecto que fue avalado por siete de los ocho pueblos tradicionales.

Ayer, César Cota Tórtola, vocero de los yaquis que aprueban la obra, celebró la resolución emitida por la jueza María del Rosario Alcántar Trujillo. El representante de Loma de Guamúchil dijo que para llegar a este resolutivo se pusieron a disposición de la jueza todos los documentos necesarios que comprueban la viabilidad del gasoducto.

Dijo que a través de un convenio la empresa IEnova, encargada de la instalación de la tubería, se comprometió a realizar beneficios sociales a las comunidades indígenas, algunos de ellos serían la rehabilitación de iglesias y purificadoras.

De acuerdo con el comunicado oficial de la etnia, aun con el proyecto “la tribu yaqui conserva la autonomía de su territorio, y el derecho de uso de la tierra para actividades productivas. En el contrato de uso de suelo que firmamos los ocho pueblos se establecieron las condiciones y beneficios por la servidumbre de paso, y en la consulta se fijaron las condiciones de seguridad, supervisión, participación y obras comunitarias adicionales”.

Cota Tórtola Negó que la empresa hubiera entregado dinero en efectivo a las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis para obtener la anuencia.

Por su parte, Guadalupe Flores Maldonado, representante de Loma de Bácum, dijo que el pueblo se mantiene en la lucha por la defensa del territorio sagrado.

En pocos días impugnarán el resolutivo en otras instancias judiciales y si es preciso acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en última instancia a tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ya se analiza con abogados integrantes de Sierra Madre, organización defensora de derechos indígenas en Chihuahua, la estrategia de defensa para la siguiente instancia, dijo.

Óscar González Ulloa, representante de los yaquis que están a favor del gasoducto, indicó que esperarán 10 días a que se agote el recurso de revisión, el cual duraría en promedio otros ocho meses.

Expuso que no tiene conocimiento si existe un manifiesto de impacto ambiental que avale la obra, ya que no ha tenido acercamiento con representantes legales de IEnova.