Algo está pasando al interior de la Tribu Yaqui.

Algunos de los movimientos se ven reales y otros orquestados para seguir dividiendo y tener un pretexto, uno, para no apo­yar a la población indígena y, dos, para seguirse apoderando de sus riquezas naturales.

En primer lugar, los habitantes de Vícam se sublevaron y decidieron instalar su propia case­ta de cobro ante la negativa de los gobiernos a apoyarlos en sus demandas de respeto a su te­rritorio.

Resulta que la carretera fue ampliada a cua­tro carriles varios años después de haberse cons­truido. Ni por una ni otra acción, los yaquis han recibido la compensación pertinente, que es el paso de vía por su territorio.

Y lo mismo sucede con la CFE, Pemex, Te­léfonos y otras dependencias o empresas cuyos servicios atraviesan el territorio pero no pagan renta.

Por lo menos cuando se amplió la carretera y se construyó el acueducto Yaqui-Guaymas, el go­bierno les prometió que el 10% de los ingresos en la caseta de Esperanza serían para la etnia.

Lo que usted ha recibido es lo que el gobier­no ha entregado hasta el momento y es hora de que en todas las comunidades deben tomar agua contaminada.

Ayer, otros miembros de los ocho pueblos se instalaron frente al Danzante Yaqui para ma­nifestar su inconformidad porque nadie actúa, a pesar de las denuncias, en el desalojo de perso­nas que han cometido fraude con la cooperativa de transporte de Vícam.

Se mezclan acusaciones en todos sentidos y amenazan con elevar su tono de protesta si no hay actuaciones de la Fiscalía General del Es­tado ante los hechos que ya les han presentado una y otra vez.

El problema es que este martes, a partir de las 8:00 horas, la carretera Internacional Méxi­co 15, frente al parador turístico, se mantendrá bloqueada de manera intermitente por integran­tes de la Sociedad Cooperativa de Transporte y Carga de Comunidades Yaquis, en conjunto con autoridades de los ocho pueblos e integrantes de la etnia.

Esta manifestación tiene como fin solicitar apoyo a las autoridades federales para que inter­vengan en la liberación de las oficinas de la de la sociedad cooperativa.

En esta solicitud se han unido autoridades tradicionales y duales, lo cual habla de que pue­den en un momento determinado usar la fuerza de sus tradiciones para obligar a las autorida­des a darles respuestas, como se les ha solicitado desde hace varios meses.

El problema es que los gobiernos solamente voltean a ver a los indígenas cuando les toman una carretera o se enfrentan a golpes.

Entonces sí, la aplicación de la ley pero no se ve el tortuguismo y la indiferencia con que los casos de los yaquis han sido tratados.

Tanto el conflicto de Loma de Bácum como el de Loma de Guamúchil y Vícam se ha extendido precisamente porque los funcionarios toman a la ligera los casos y creen que por ser indígenas no merecen ser escuchados.

Es tiempo ya de que la Federación, el Estado y los municipios tomen en serio a los pueblos origi­narios de Sonora.

Una cosa es la nobleza con que actúan, creyen­do a veces a pie juntillas el discurso oficial, y otra es la pérdida de la credibilidad y la paciencia.

Ahora parece que hasta los aliados quieren romper acuerdos. Y cuando eso pase, los servi­dores públicos que no han actuado, estarán en problemas.

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