Especialistas docu­mentaron que, pese a la promesa de la Reforma Educativa de terminar con irregularidades en la nómina magisterial, hay al menos 100 mil maestros que reciben salarios, pero no asisten a aulas.

También reportaron denuncias por irregula­ridades que superan los 6 mil millones de pesos.

Ayer por la mañana fue presentado el estu­dio “La impunidad en la nómina magisterial. Uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nó­mina Educativa y Gasto Operativo (FONE)”, rea­lizado por investigado­res de México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Mon­terrey.

Marco Fernández, in­vestigador de ambos, y coordinador de la inves­tigación, refirió que si bien hubo algunos avan­ces con la conversión del Fondo de Aportaciones para la Educación Bási­ca y Normal (FAEB) al FONE tras la aplicación de la reforma educativa que entró en vigor en el sexenio anterior, persis­tieron irregularidades.

La corrupción, dijo, “disminuyó, pero persis­tió con la centralización de la nómina”.

Explicó que el estu­dio recopila tres años y medio de investigación y más de 150 solicitudes de acceso a la informa­ción.

Resaltó que el pago de los comisionados sin­dicales sigue siendo ex­cesivo.

“Se tiene que poner énfasis cuando hay pro­blemas de irregularida­des, y sobre todo de una impunidad escandalosa que la cobija en el caso de los famosos pagos a comisionados”, expuso.

Al analizar las ba­ses de datos del FONE, apuntó Fernández, en­tre 2015 y a finales de 2018, hubo un pago de mil 66 millones de pesos a más de 9 mil comisio­nados sindicales en las que destacan Aguasca­lientes, Chihuahua y Coahuila.

Además, se halló que los Gobiernos estatales, sobre los que dijo, recae todavía el 30 por ciento la nómina magisterial, cometieron varias irre­gularidades.

Entre éstos, men­tir sobre el número de alumnos para conseguir más recursos y seguir con concesiones y otor­gar plazas ilegales a sin­dicatos.

Informó que cuando la Federación empezó a detener pagos a comisio­nados, las entidades los transfirieron a puestos administrativos para que éstos siguieran co­brando. Se encontró que entre el primer trimestre de 2016 y el primer tri­mestre de 2017, mil 833 personas fueron transfe­ridas a esta categoría.