Van contra financiamiento ilícito

Van contra financiamiento ilícito

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acordaron sumar esfuerzos, trabajar de manera coordinada y compartir información para combatir, investigar y sancionar el desvío de recursos públicos a campañas electorales.
“Se trata pues de generar sinergias en materia de fiscalización para que los límites competenciales de ambas instituciones no sean pretextos para favorecer conductas fraudulentas de evasión, corrupción o triangulación de recursos”, explicó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
“Para decirlo en pocas palabras, nuestro propósito es contar con un mecanismo de colaboración ágil que facilite el intercambio de conductas irregulares detectadas durante la fiscalización que realice el INE o bien durante las minuciosas que la despliega la Auditoría Superior de la Federación”.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que, al fiscalizar a los partidos y candidatos, el INE ha detectado diversos esquemas de triangulación de recursos y empresas fantasmas que pueden involucrar dinero de entes públicos y gubernamentales.
Al mismo tiempo, apuntó, la Auditoría, al revisar la Cuenta Pública de municipios, entidades y dependencias gubernamentales ha detectado desvíos de recursos que pudieron ir a financiar, de manera ilegal, campañas electorales.
Murayama explicó que un ejemplo de esto es el caso de la empresa Asismex, el cual sancionó el INE a principios de este año, donde se acreditó que esa firma, la cual depositó pagos a representantes de casilla de todos los partidos en 2012, formó parte de un esquema de empresas fantasma que utilizó el Gobierno veracruzano de Javier Duarte para desviar recursos.
Por ello, para sancionar y erradicar situaciones similares, el órgano electoral y la ASF firmaron hoy un acuerdo de colaboración en el que acordaron compartir toda la información que encuentren sobre financiamiento ilícito a campañas electorales y triangulaciones de recursos públicos para que, en el ámbito de sus competencias, los investiguen y los sancionen, en el caso del INE, o metan denuncia ante la PGR, en el caso de la Auditoría.

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