La ruta colombiana de la amnistía

La ruta colombiana de la amnistía

Rafael Croda

PROCESO.–

El acuerdo de paz que firmaron en noviembre de 2016 el Gobierno de Colombia y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el referente internacional más inmediato para el proceso de paz y reconciliación que propone en México el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y, según juristas que participaron en su elaboración, tiene elementos totalmente aplicables a la realidad mexicana.

 

 

Esto, a pesar de que hay claras diferencias entre una guerrilla alzada en armas con fines políticos y los grupos delictivos que producen la violencia en las regiones mexicanas con el objetivo de garantizar sus rentas criminales.

 

 

A las FARC, el Gobierno colombiano les dio estatus de interlocutor político, algo que es impensable aplicar en el caso de los cárteles mexicanos del narcotráfico porque su razón de ser es exclusivamente delincuencial.

 

 

“Esa es una diferencia sustancial, pero sí creo que en el acuerdo de paz que se firmó en Colombia hay un modelo de justicia transicional cuyos componentes pueden servir para resolver el conflicto mexicano”, dice el jurista español Enrique Santiago.

 

 

Esto significa que ningún autor de delitos graves –entre ellos el asesinato de civiles, genocidio, desaparición forzada, tortura, violación y secuestro– puede ser beneficiado con una amnistía o un indulto.

 

 

Según el derecho humanitario, ese tipo de crímenes cometidos por la gran mayoría de capos mexicanos de la droga deben ser investigados, juzgados y sancionados.

 

 

“Esa es una obligación ineludible para cualquier Estado. Una amnistía a los responsables de esos delitos daría lugar a la intervención de la Corte Penal Internacional”, afirma Juanita Gobertus, abogada y ex integrante del equipo del Gobierno colombiano que negoció la paz con las FARC.

 

 

Otro elemento central que contiene el acuerdo con las FARC es que su punto de partida fue garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

 

 

Este principio, según ha dicho López Obrador, su propuesta de amnistía también sería la base del acuerdo de pacificación que impulsaría en México en caso de ganar las elecciones presidenciales del 1 de julio.

 

 

El candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se pronunció en diciembre pasado por un diálogo para otorgar amnistía a delincuentes a fin de garantizar “la paz y la tranquilidad” de México, donde se han registrado 239 mil 177 homicidios en los últimos 11 años, uno cada 24 minutos en promedio, y 33 mil 605 personas han desaparecido.

 

 

Esa iniciativa, que desató controversias en medio de la contienda electoral porque los adversarios de López Obrador lo acusaron de buscar la impunidad de delincuentes, se ha transformado en una propuesta “de paz y reconciliación” que va mucho más allá de una amnistía y que apunta a la creación de un sistema de justicia transicional.

 

 

La iniciativa será lanzada de manera oficial por el candidato de Morena a finales de este mes o principios de junio, pero sus bases ya han sido detalladas por Alfonso Durazo, a quien López Obrador mencionó como su probable titular de Seguridad Pública en caso de llegar a Los Pinos.

 

 

 

LA RECETA MEXICANA
El 24 de abril pasado, durante un seminario en El Colegio de México, Durazo dijo que lo que busca López Obrador es “una receta mexicana” para pacificar al país y que se hará escuchando a la sociedad, a expertos en seguridad y a directivos de organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

 

Esa “receta”, que formaría parte de una nueva estrategia de seguridad de 10 puntos, incluirá fórmulas como la amnistía, el indulto y un mecanismo de justicia transicional.

 

 

“El objetivo es incentivar a los grupos sociales vulnerados a dejar la ilegalidad y a participar en los procesos de esclarecimiento de la verdad y en programas de reconciliación comunitaria”, dijo Durazo.

 

 

La última palabra, aclaró, “la tendrán las víctimas y, posteriormente, el Congreso”, pues cualquier vía que se elija para buscar la paz tiene que ser puesta en marcha en el marco de una ley que apruebe el Legislativo.

 

 

Eso fue lo que ocurrió en Colombia con el acuerdo de paz con las FARC, cuya implementación requiere de un conjunto de legislaciones que debe aprobar el Congreso, entre ellas las que norman el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional pactado para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo.

 

 

La JEP, por ejemplo, contempla amnistías e indultos para guerrilleros desmovilizados que no hayan cometido crímenes graves en el marco de la guerra.

Dejar un Comentario