Da Corte revés a Trump

Da Corte revés a Trump

La máxima autoridad judicial, en un voto de 5-4, invalidó parte de una ley federal. El juez Neil Gorsuch, el último miembro del máximo tribunal que fue nombrado por Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los cuatro jueces más liberales por primera vez.
La Corte Suprema de Justicia invalidó ayer martes una parte de la ley federal que exige la deportación obligatoria de inmigrantes que han sido condenados por algunos delitos. Los magistrados por una votación de 5-4 determinaron que la ley es inconstitucionalmente vaga.
El juez Gorsuch, el último miembro del máximo tribunal que fue nombrado por el presidente Trump en reemplazo del fallecido Antonio Scalia, se unió a los 4 jueces más liberales por primera vez desde que asumió sus funciones en la Corte invalidando el estatuto federal.
Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo. El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.

ACUSA A TRIBUNAL DE CONVERITR A EU EN REFUGIO DE CRIMINALES

El Gobierno del presidente Donald Trump deploró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de considerar inconstitucional un requerimiento de ley que permitía la deportación de criminales convictos por actos violentos y sostuvo que convierte al país en refugio de criminales.
“El fallo de hoy socava de manera significativa los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interna de deportar extranjeros convictos de ciertos crímenes violentos, incluidos los sexuales, secuestro y robo”, señaló la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen
Con una votación de cinco votos a favor -incluido uno del juez conservador Neil Gorsuch, el primero nominado por Trump-, y 4 en contra, el máximo tribunal mantuvo vigente un fallo previo de una Corte de Apelaciones que consideró ilegal la deportación sumaria por ciertos delitos.
El caso involucra al inmigrante filipino James García Dimaya, quien fue acusado de robo residencial en 2007 y 2009, por lo que la entonces administración del presidente Barack Obama puso en marcha la deportación a su país.
Sin embargo, sus abogados argumentaron que su cliente, que es residente legal permanente, nunca fue notificado que los delitos lo hacían elegibles a una deportación.
Con el argumento de que era inconstitucional sumar los dos delitos de robo para tipificarlos como “delito agravado”, los abogados de García Dimaya llevaron su caso a la Novena Corte de Apelaciones y ganaron.
Bajo la ley vigente, un “crimen de violencia” es todo aquel que incluye toda ofensa donde se usó la fuerza o se pudo haber usado. En tales casos, el castigo es punible con deportación.

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