CNDH y gasoducto

Justo después de las elecciones, aparece la noticia: La CNDH emitió la recomendación 17/2018, dirigida al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, por violar el derecho humano a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas del Pueblo Mayo y la Tribu Yaqui al avalar la construcción del Gasoducto Sonora.

 

 

Para la dependencia federal y sus filiales en Sonora, el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le recomiende resarcir el daño causado a los pueblos indígenas por no haber sido consultados antes de comenzar la obra, representa un golpe fuerte sin duda.

 

 

Tan así, que si bien la recomendación fue emitida el 15 de junio pasado, se había logrado contener su publicación hasta este miércoles en el que la CNDH emite un comunicado sobre el tema, que va más allá de ser ya un conflicto solamente sonorense sino que le dio un plazo de 12 meses para que diseñe un registro que incluya a todas las empresas que participan en proyectos que afectan a los pueblos indígenas de México.

 

 

Actualmente detenido en la zona de la Tribu Yaqui, el proyecto Gasoducto Sonora es construido por la empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), mediante licitación pública internacional abierta.

 

 

IEnova es, además, la filial en México de la empresa norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, ex Secretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes.

 

 

Como se ve, es una infinidad de intereses los que se conjugan en esta obra que en Sonora ya ha dejado no solamente el crecimiento de la división y enemistad entre los ocho pueblos yaquis sino que dos indígenas han muerto a causa del conflicto alentado por quienes le sacan provecho económico y político a este tipo de acciones.

 

 

Pero el diseño y operación de un sistema de transporte de gas natural con longitud de 327 mil 722 kilómetros se topó con pared en uno de los ocho pueblos: el de Bácum, cuyas autoridades consideran que el territorio yaqui es sagrado y no se vende, por más que los “torocoyoris” o traidores, hayan recibido una parte del dinero que les prometieron a cambio de sus firmas.

 

 

Según la investigación realizada por la CNDH, quedó en claro que en el caso del Pueblo Mayo, la Secretaría de Energía únicamente realizó “un ejercicio de diálogo con una comunidad indígena de Masiaca”, sin incluir en el procedimiento de consulta previa al resto de las comunidades que anticipadamente decretó la procedencia de la consulta.

 

 

“Para otorgar la concesión, la dependencia sólo se basó en un “dictamen técnico” que a su vez fue elaborado considerando el “diagnóstico sociocultural” emitido por la propia empresa privada”, se afirmó.

 

 

Muchos “líderes” de opinión en su momento consideraron que con su negativa al gasoducto, Bácum se opone al desarrollo, pero jamás obligaron a la empresa a que le diera la vuelta a los pueblos yaquis y enviara el ducto por zonas donde no pone en peligro la vida de alguien o, en todo caso, los centros ceremoniales y comunidades indígenas.

 

 

En Obregón ya han sucedido explosiones en la fase de prueba de la tubería para llevar a las empresas y domicilios el gas natural.

 

 

¿Es eso lo que se entiende como progreso?

 

 

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