Llama sector privado a la responsabilidad

Llama sector privado a la responsabilidad

En caso de mina en La Colorada

Por: Demian Duarte y Mónica Miranda

Ante el posible fallo adverso de parte del juez tercero de distrito para mantener la licencia para utilizar explosivos en la operación de la mina Pitahaya en La Colorada, el sector privado decidió cerrar filas, reclamando al Poder Judicial de la Federación y en particular al juez Noel Castro Melgar que actúen con responsabilidad.
Queremos manifestar nuestra total inconformidad y preocupación hacia el posible cierre de la mina La Colorada, operada por Minera Pitahaya de la empresa Argonaut Gold, señalan en un comunicado firmado por organismos empresariales como: Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México; Distrito Sonora (AIMMGM); Asociación de Mineros de Sonora (Amsac); Clúster Minero de Sonora, AC; Asociación de Mujeres Mineras WIM, Distrito Sonora; Canacintra Hermosillo; CMIC Sonora, Coparmex, Canaco, Canacope, Canirac e Index.
En ese sentido alerta por el daño que se puede causar a la red de proveedores y al Clúster del sector minero en general, además de los trabajadores del sector.
“Confiamos en que este día lunes 16 de abril del 2018 el juez del III Distrito, Noel Castro Melgar, tomará la decisión de mantener la operación de una compañía socialmente responsable, que genera empleos y que cumple con su función empresarial de ser generadora de riqueza y bienestar social. De lo contrario, si su decisión ratifica la suspensión o bien alarga el proceso de respuesta definitiva, dará paso a lo que seguramente sería un prolongado pleito jurídico, el cese mientras tanto de las operaciones de Minera Pitahaya y consecuentemente de la pérdida del trabajo para dos mil personas o más”, acotan.
Hacemos un llamado a la reflexión, al análisis jurídico sí, pero considerando los elementos que por años han permitido operar a esta unidad minera como muchas más que operan en Sonora de forma profesional siendo líderes en este sector a nivel nacional.
El llamado es para hacer valer la ley y hacernos confiar en ella, pues finalmente su espíritu es el bien común y eso es lo que queremos para nuestro Estado minero: Un ambiente de prosperidad, paz y desarrollo integral.
Confiamos en que la resolución asegure el Estado de derecho y las garantías que fueron previamente otorgadas a la minera, con las respectivas actividades y procesos inherentes a su explotación. Hoy por hoy, esas garantías que en su momento fueron otorgadas legítimamente, no pueden ser menoscabadas por intereses de terceros que posterior a la operación se sienten afectados y que comprometen el interés general de la comunidad de La Colorada y –por sus implicaciones– de toda la comunidad industrial de Sonora y el país.
A las autoridades del Estado y del Gobierno Federal (como Poder Ejecutivo) y al Poder Judicial les agradecemos que cumplan con su función de evitar problemas sociales y nos demuestren que tenemos instituciones confiables.

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