México, vulnerable a desastres naturales

EL UNIVERSAL.-
Temblores, ciclones, lluvia extrema, sequías y epidemias. De 2000 a 2017, cada año en promedio, 300 fenómenos naturales como esos ocurrieron en México, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

 

 

En ese periodo, el gobierno federal calculó pérdidas por 470 mil millones de pesos. Esta cifra incluye para 2017 únicamente los sismos del 7 y el 19 de septiembre, los cuales generaron daños por 48 mil millones de pesos.

 

 

Las características geográficas e hidrológicas del país lo convierten en un terreno fértil para este tipo de fenómenos. “Nosotros no podemos impedir los sismos; sin embargo, sí disminuir la vulnerabilidad de la población”, asegura Oralia Oropeza Orozco, investigadora del Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

 

Entre 2000 y 2017, ningún temblor había cobrado tantas víctimas mortales como el del 19-S: 360 muertos en cinco estados, lo que representa tres veces más que los 116 mexicanos que murieron a causa del brote epidemiológico de influenza AH1N1 en mayo de 2009, el cual era considerado el más mortífero en los últimos 17 años.

 

 

Especialistas aseguran que la República es propensa a sufrir desastres naturales por los asentamientos irregulares en su territorio, por eso la prevención es clave para que los costos sean cada vez menores.

 

 

“Tenemos que asumir nuestra responsabilidad por vivir en un lugar vulnerable, por ejemplo, en este caso del 19-S, ¿sabemos en donde se harán las reconstrucciones?”, comenta Oropeza.

 

 

“Los fenómenos naturales, por extraordinarios que sean, no son un desastre. La catástrofe es resultado del grado de preparación para enfrentar una emergencia”, asegura la especialista. Un ejemplo son las inundaciones que ocurrieron en 2007 en Tabasco. Las lluvias intensas provocaron que los ríos de la Sierra, Grijalva y Usumacinta se desbordaran. Esto provocó daños en 123 mil 386 viviendas. Medio millón de tabasqueños se vieron afectados.

 

 

El gobierno calculó daños por 32 mil millones de pesos. Las lluvias no provocaron este desastre. Asentamientos en zonas de alto riesgo, una falta de infraestructura hidráulica de control en los ríos de la Sierra y Usumacinta, la carencia de un mejor sistema de pronóstico y la falta de un plan integral de manejo de crecientes, de acuerdo con un informe entregado al Senado de la República en 2008, fue lo que crearon la mezcla perfecta para que un fenómeno se convirtiera en un desastre natural.

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