La corrupción mata

La corrupción mata

José Gil Olmos
PROCESO.-
Cuando el abogado Luis Manuel Pérez de Acha se convence de que muchas de las muertes del sismo del pasado 19 de septiembre ocurrieron como consecuencia de construcciones mal hechas, explota: ¡Debe haber responsables –tanto de autoridades como de constructoras e inmobiliarias que pueden ser acusadas por lo menos de homicidio culposo– y éstos tienen que ser llevados a la cárcel! La corrupción mata, afirma.

 

 

Dos semanas después del terremoto de 7.1 grados, el reporte oficial destaca que hubo 228 muertes y al menos 18 mil edificaciones resultaron afectadas, de las cuales 48 ya fueron demolidas.
Al cierre de edición, el Gobierno de la Ciudad de México estimó que al menos mil edificios más serán demolidos y previsiblemente otros mil 193 podrían tener el mismo destino si los peritos determinan la magnitud de sus daños estructurales.

 

 

El abogado Pérez de Acha encabeza un grupo de escritores, arquitectos, académicos y activistas sociales que presentaron la primera denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) contra quien resulte responsable por los actos de corrupción que pudieran haber existido detrás de las construcciones siniestradas.

 

 

En la denuncia de hechos, presentada el martes 3, los promotores piden a la Procuraduría capitalina investigar a quienes pudieron haber cometido los delitos de homicidio doloso, fraude específico y uso ilegal de atribuciones en la emisión de licencias de uso de suelo y construcción.

 

 

“Aquí hubo muertos por efectos de la corrupción. El edificio de Álvaro Obregón 286 es el emblema de la corrupción, aunque no es el único. Está también la escuela Enrique Rébsamen, donde los padres de familia nos pidieron apoyo; ellos están tristes y muy enojados”, comenta el abogado en entrevista.

 

 

Según la querella, a raíz del sismo hubo lesiones, privación de la vida de cientos de personas y daños a la propiedad en cientos de edificios que tuvieron su origen en que “probablemente el empresario, contratista o constructor de los inmuebles empleó o realizó construcciones de calidad o cantidad inferior a las estipuladas”.

 

 

 

LA PETICIÓN
El abogado y los denunciantes sostienen que los técnicos que ostentan la figura de Director Responsable de Obra (DRO) “autorizaron o permitieron el desarrollo de construcciones, de las que se otorgaron responsivas sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normativa vigente en la materia de desarrollo urbano”.

 

 

Argumentan, los propietarios de inmuebles derrumbados o dañados, sus representantes legales o constructores, “teniendo conocimiento, permitieron la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro a la normatividad vigente, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitida”.

 

 

Y añaden: La autoridad, para dar licencias o permisos relacionados con la construcción, “actuó de manera contraria a la normatividad vigente”.

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