Apretón de tuercas dominguero de la gobernadora

Por: Demian Duarte

 

Ayer, la gobernadora Claudia Pavlovich sostuvo un importante acto público, en el lanzamiento de la plataforma Compranet Sonora, con lo que se busca dar certeza de mayor transparencia y eficiencia en el uso de recursos públicos al ciudadano.
Me pareció muy importante el paso, en específico porque denota mucha congruencia entre el decir y el hacer de su administración. Y, mire, ayer el orador fue Miguel Ángel Murillo Aispuro, quien aparte de ser el secretario de la Contraloría, es dueño de una trayectoria política muy importante. Por eso se le dan muy bien los mensajes, pues Murillo es de los que saben que un par de frases bien puestas en un mensaje de Gobierno, marcan la diferencia.
Por ahí, Murillo señaló que quien diseña normas morales para que las apliquen los demás y después pretenda entrar exento de observarlas, es doblemente inmoral, y creo que está totalmente en lo cierto, pero además pinta de cuerpo entero el enfoque que al respecto tiene el Gobierno de Sonora.
Por cierto que el funcionario recurrió a su buena memoria y recordó que se acaban de cumplir dos años del triunfo en las urnas de Claudia Pavlovich que su oferta fue la honestidad y la transparencia, por lo que instó a los presentes (es decir todo el gabinete) a cumplir con esa oferta, pero el contralor advirtió, además, que la gobernadora Pavlovich le ha instruido a ser implacable en el combate a posibles actos de corrupción en su Gobierno, por lo que ya sabe usted que el acto del domingo, además de un paso adelante, constituye una suerte aviso, para que luego nadie se llame engañado.
Fue en, pocas palabras, un sutil, pero fuerte apretón de tuercas de la gobernadora y su contralor… Y sigue.
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En la entrevista que la gobernadora Pavlovich ofreció a los representantes de los medios ahí presentes, abordó los recientes hechos en los que agentes de la AMIC han ultimado a delincuentes, algunos de ellos macheteros, otros tantos pistoleros enfocados al narcomenudeo, y recordó que su obligación, como jefa del Gobierno estatal, es precisamente esa, garantizar la seguridad del ciudadano y hacer que prevalezca el imperio de la Ley en Sonora, por lo que si resulta necesario el uso de la fuerza pública para dar esa garantía no se dudará ni ahora, ni en el futuro en hacerlo.
Y mire, me parece el mensaje adecuado en el momento adecuado. El Gobierno del Estado tiene la capacidad operativa de hacer que se respeten las leyes. Hay corporaciones estatales, federales y municipales en Sonora y, claro, si la gobernadora dijo que va con una lógica de “mano dura”, eso significa que las órdenes que dio el recientemente apodado “Fiscal de Hierro”, Rodolfo Montes de Oca, están bien sustentadas, y que la gobernadora Pavlovich está más que cansada de esa narrativa que habla de la impunidad y la delincuencia en las calles de las ciudades de su Estado, al grado de que dijo ayer: “Todo aquél que sea un presunto delincuente será aprehendido y no habrá puerta giratoria para los culpables de delitos”.
Así las cosas.
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A propósito del tema, preocupa, y mucho, lo que ha venido ocurriendo en Loma de Bácum con el Gasoducto Sonora y un grupo de personas que insiste en presentarse y hablar a nombre de la Tribu Yaqui y con esto pretender violar la ley y actuar en total impunidad, poniendo además en riesgo a la población.
Mire, hace unos días se confirmó que hubo abiertos actos de sabotaje e incluso un intento por levantar parte de la tubería que integra la mencionada obra de infraestructura, pues estas personas, haciendo uso de un trascabo, hicieron un enorme agujero por donde pasa precisamente el gasoducto y lo estuvieron golpeando con esa maquinaria pesada, hasta que se percataron de que realmente conduce volumen de gas natural y se arriesgaban a un estallido.
La verdad es que las consecuencias de un acto de esas características son de varias dimensiones, desde la posible pérdida de vidas humanas, que puede ocurrir si se vulnera la estructura y seguridad de una obra que conduce gas, que por más medidas de seguridad que tenga, al final se trata de un combustible volátil y, por tanto, explosivo.
Por supuesto, el mensaje que potencialmente se manda al exterior es de que ahora cualquier persona, escudándose en la lógica de la autonomía y derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, puede trastocar las leyes y el estado de derecho, y eso no es aceptable. Claro, en este caso afortunadamente las instituciones reaccionaron de inmediato, y tengo entendido que el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, ordenó el despliegue inmediato de fuerzas de seguridad, que mantienen bajo resguardo el gasoducto, mientras que la Unidad Estatal de Protección Civil demandó que de inmediato se revise y, en su caso, se repare la parte de infraestructura que pudo resultar dañada.
Es importante hacer ver a los involucrados que la empresa Infraestructura Energética Nova, propietaria de los derechos de operación y concesión del gasoducto cumple con toda la normatividad y permisos, y que incluso ha realizado pagos por lo que se denomina derecho de vía, en todo el trayecto del Gasoducto Sonora, por lo que será esencial que las autoridades hagan valer el estado de derecho.
Ayer mismo la gobernadora Pavlovich, como se lo hacía ver líneas atrás, habló de mano dura y de la necesidad de hacer prevalecer el imperio de las leyes y en este caso, no es sólo la cuantiosa inversión de IEnova, por mil millones de dólares, o la viabilidad económica de Cajeme lo que está en juego, el mensaje que se manda desde esa parte del territorio yaqui, es que en México cualquiera se pasa las leyes y el estado derecho por el arco del triunfo, siendo la cuestión de la Reforma Energética y la infraestructura relacionada al abasto a las plantas de la CFE, un tema esencial para la Federación; estoy seguro de que no tardan en tomar cartas en el asunto.

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