Libre expresión

El 7 de junio regularmente ha sido tomado como fecha para múltiples banderas, desde los que dicen que es el día para festejar-defender-proclamar la libertad de expresión, o el derecho a informarse, hasta quienes sostenemos que fue el día instituido por el entonces presidente de la República, Miguel Alemán, por allá en 1951 (es decir hace 66 años) para que los editores de los principales periódicos del país le agradecieran al poder central que se les concediera la gracia de publicar y expresar la opinión pública a través de sus medios.

El origen de la fecha es anécdota bien documentada y tiene que ver con una época distinta en la historia nacional, donde la escasez de papel para imprimir los periódicos, motivó la intervención del entonces infinito e inabarcable poder presidencial, que dictó que en ese año el papel para alimentar las prensas se trasladara a todos los estado usando los vagones del ferrocarril.

Eran los tiempos de la presidencia imperial y todo poderosa en México, e incluso eran tiempos es los que existía el ferrocarril de pasajeros, así que en otras palabras era una época distinta, tanto que en ese momento la determinación de celebrar el 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión, se convirtió en el momento en el que los directores y editores de los periódicos acudían a Los Pinos al famoso “besamanos”, que terminó por vender la idea de que en México los medios de comunicación están subordinados al poder público.

Y las décadas y las anécdotas se han acumulado, para asumir que la lógica de la relación entre los medios y el poder ha cambiado, y que antes de entender que no pueden existir el uno sin el otro, será esencial propiciar un nuevo entendimiento o un nuevo acuerdo.

La cuestión es que hoy en día los periodistas nos hemos convertido en objetivo y blanco de las agresiones del crimen organizado, siendo que hace 66 años era impensable tocar o agredir a un integrante del gremio de los comunicadores, pues eso implicaba una guerra entre quienes ejercen el oficio de la pluma y quienes tienen para sí el ejercicio del poder gubernamental.

No es que en México no existiera la censura, de hecho hay casos que estudiamos en las escuelas de comunicación y periodismo, como el de Julio Scherer, Excélsior y la posterior creación de Proceso, gran tema, que data de hace 40 años, pues el 8 de julio de 1976 es cuando sucedieron los hechos.

En 1984, el 30 de mayo, se dio otro hecho que movió a la indignación, con el asesinato del influyen periodista Manuel Buendía, quizás el mejor y más fuerte exponente del periodismo de denuncia en la historia mexicana, y quien traía en jaque no sólo al Gobierno de Miguel de la Madrid, sino a la CIA y el FBI, por su involucramiento en la política en México, el tráfico de armas y el narcotráfico como estrategias de contención de la entonces llamada “Amenaza comunista”.

Es curioso, porque 33 años después esas historias de intrigas internacionales parecen cosa de teorías de la conspiración, pero ocurrían en México, que era escenario de la guerra fría, y donde las intrigas del poder eran más duras de lo que los mismos actores están dispuestos a aceptar.

Hago la referencia histórica, justamente porque entonces asesinar a un periodista era el extremo, el mayor riesgo que el régimen podría asumir, un asesinato como el de Manuel Buendía, puso al país en crisis. Hoy en día con 115 asesinatos de periodistas, las cosas han cambiado.

Quizá el homicidio de Javier Valdez en Culiacán, sea el equivalente al asesinato de Buendía hace 33 años, es un fuerte llamado de atención a la autoridad, y el momento de poner un alto a la situación en donde quienes ejercemos el oficio de informar nos jugamos la vida de manera cotidiana.

Sin embargo es importante no confundirse, una cosa es ofrecer garantías de seguridad y otra muy distinta es asumir al periodista como un ciudadano de primera o segunda categoría.

En días recientes se han sucedido situaciones, una de ellas es el debate respecto a la necesidad de que se legisle en Sonora una ley de protección a periodistas, tema con el que voy muy de acuerdo y en donde creo que este jueves podremos avanzar en acuerdo con los integrantes del Congreso del Estado.

La otra tiene que ver con un evidente conflicto entre particulares que se ha pretendido vender como atentado a la libertad de expresión de parte del periodista Luis Alberto Medina, quien salió del aire en Grupo Larsa por evidentes conflictos con el dueño Antonio Ramos.

Entiendo con claridad los motivos de Luis Alberto y qué es lo que causó que en Larsa le dieran las gracias, sin embargo no acabo de asimilar qué es lo que sucede, cuando se pasa de ahí a denunciar que en Sonora se agrede a los medios y no existen garantías para la libertad de expresión, es decir como parte del gremio de periodistas tengo mucha claridad en torno a lo que ocurre y esa historia que se comienza a publicar en medios de la Ciudad de México, dista mucho de la realidad.

También entiendo que a Luis Alberto Medina le encantan los reflectores y que está dispuesto a decirle al mundo entero que fue víctima de la censura y un ataque de “fuerzas oscuras del poder”, antes de asumir sus propios errores y excesos como profesional. Sin embargo eso forma parte de otra historia.

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