¿Procederán amparos contra el gasolinazo?

¿Procederán amparos contra el gasolinazo?

Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se declararon incompetentes para conocer los juicios de garantías promovidos por ciudadanos que se sienten afectados por el gasolinazo del primero de enero, y ante lo cual traspasaron esa responsabilidad a los juzgados de distrito en materia administrativa quienes tendrán que emitir un acuerdo en el que definirán si darán o no entrada al análisis de las peticiones contra el alza a los combustibles que tiene anestesiada a la economía y a los 112 millones de mexicanos a lo largo y ancho de la geografía del país. En realidad ese es el procedimiento legal que debe seguirse y ante lo cual la decisión de la SCJN no debe interpretarse como una acción encaminada a “lavarse las manos”.
Ahora en los juzgados de distrito los abogados defensores buscarán anular el acto administrativo que dio lugar al gasolinazo, mismo que es considerado como una acción arbitraria y de abuso de poder que está afectando los derechos de él o los demandantes quienes tienen la facultad de decidir y objetar la medida; sin embargo, debe quedar claro que si el citado acto no es debidamente impugnado su nulidad no se dará, independientemente de que se haya respetado o no la legalidad que debe estar en todo momento subordinada al Derecho. En este sentido el Ejecutivo Federal tendría un campo vasto para defenderse y justificar plenamente el o los motivos que lo llevaron a tomar su decisión.

Sin embargo, aunque es muy remota la posibilidad de que los amparos promovidos contra el gasolinazo sean resueltos de manera favorable para los demandantes, hay quienes creen que no todo está perdido, tal como lo cree un grupo de juristas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que interpusieron amparos contra la flexibilización de los precios de las gasolinas, mismos que por cierto un día suben y el siguiente también.

En este asunto y solo para darnos una idea de quienes han decidido ampararse por la máxima casa de estudios de México, entre los demandantes están nada más y nada menos que el doctor Raúl Carrancá y Rivas, uno de los académicos y profesionales del Derecho más reconocidos del país; Manuel Granados Covarrubias, en su calidad de consejero jurídico y servicios legales de la UNAM y, entre otros, Eduardo López Betancourt, Carlos Daza Gómez, Miguel Ángel Granados y Julián Guitrón Fuentevilla, quienes consideran que la determinación de establecer regiones con precios diferenciados en las gasolinas carecen de fundamentación, por lo que se están violando los principios de igualdad y proporcionalidad. En el amparo también impugnan la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Coordinadores de Energía, que estipula que no se otorgará suspensión en juicio de amparo tratándose de la materia energética, con lo que se pretendería abrogar una ley superior como lo es la ley de amparo.

No obstante, esta controversia entre los ciudadanos y el Gobierno envía señales muy claras al Ejecutivo Federal y a los representantes políticos que no deben soslayarse, es decir que hay que estar prestos para escuchar y tomar en cuenta a la gente antes de convenir acuerdos que violenten sus garantías, ya que después será difícil retractarse. En este orden, ya es hora de que al Estado como Gobierno le caiga “el veinte” y ante lo cual es necesario esté abierto para aceptar que no es infalible y que hay normas jurídicas que deben respetarse, ya que estas no son imputables tan solo a los gobernados.

Vamos a ver, pues, cual es el resultado de estos procesos que, de entrada, son y serán social y jurídicamente muy interesantes. La ley no es de aplicación selectiva, es decir para estos sí, pero para estos no, sino que es para todos sin importar jerarquías políticas o meramente económicas.

¿En qué terminarán los amparos contra el gasolinazo? Confiamos que cuando menos se aprenderá esta lección.

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