Los problemas no se solucionan con “aspirinas”

Los problemas por los que atraviesa la economía mexicana son muy graves, de eso no hay la menor duda. Los gasolinazos y tortillazos son sólo una manifestación del problema que no se resolverá con distractivos sociales, como la reducción de los sueldos a funcionarios públicos, congresistas o disminución de las prerrogativas a los partidos políticos. Se necesita algo más; por ejemplo, revisar de manera integral las finanzas gubernamentales, distribuir el gasto público con criterios de más equidad y que este se aplique con responsabilidad, claridad y transparencia.
La austeridad no se conforma de posturas mediáticas, sino de la moderación en el gasto y la rigurosidad en las disposiciones para no gastar más que de lo que se tiene, cosas que en la realidad no suceden, ya que cada quien hace hasta lo imposible para sacar provecho personal, de grupo, partidista o político de las áreas de responsabilidad o de las arcas que le son confiadas.

Lo anterior, por supuesto, no invalida las buenas intenciones que remotamente puedan existir en un acto de disciplina político-partidista, en el que los funcionarios de primer nivel y de mandos intermedios acepten se les descuente un porcentaje de sus sueldos para hacer frente a la emergencia o que los partidos acuerden se reduzcan sus prerrogativas, aunque esas acciones sean sólo “aspirinas” ante la enfermedad del paciente.

La gente, hay que decirlo, no cree ni el bendito en esos anuncios, ya que sólo ponen al descubierto a los actores políticos que viven del sistema y del cual obtienen remuneraciones, la mayor de las veces, prohibitivas que, se entiende, están fuera de norma o que son legitimadas por una normatividad irregular.

Esas decisiones, inclusive, parecen una burla, como las que se adjudican –con sus debidas proporciones– al alcalde de León, Guanajuato, Héctor López Santillana, quien en su política de austeridad prohibió comprar galletas, pasteles, refrescos y dulces con cargo al erario, ya que orillan a pensar que la comuna es un recinto para diversiones, más que un espacio para servir y atender los problemas de la gente. Esa es una de sus estrategias contempladas en el programa integral de eficacia, eficiencia y austeridad administrativa.

Ante esta realidad, creemos que si la crisis es una oportunidad para reconstruir lo que está mal o que no funciona, entonces se tiene una oportunidad inmejorable para, sustentados en una política de Estado, las finanzas públicas se revisen y se hagan los ajustes pertinentes, a partir de que una entidad no es saludable opere con números rojos y menos que estos se cubran sobreendeudando a los gobernados, que finalmente son los que pagan los “platos rotos”, incluyendo en la vajilla a las empresas fantasma que construyen obras con materiales de pésima calidad y que tienen que rehabilitarse y restituirse con cargo de nueva cuenta al presupuesto gubernamental.

La sociedad mexicana, los sonorenses, están molestos e inconformes, más cuando el Gobierno de la República ha anunciado que en febrero habrá otro gasolinazo, aunque no explica el o los porqué; lo cierto es que en el panorama de la economía, el Banco Mundial prevé un alza en el precio del barril de petróleo de 52 a 56 dólares el barril, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido reducir la producción y ante lo cual las cotizaciones se van hacia arriba.

¿Y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios? Dice el secretario de Hacienda que habrá de reducirse de 4.28 a 3.16 pesos por litro para apoyar a los consumidores de gasolinas. ¿Le creemos o no perdemos tiempo para guarecernos del tortillazo?

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