Investiga PGR a Eduardo Bours y Abel Murrieta

Investiga PGR a Eduardo Bours y Abel Murrieta

Por caso ABC

AGENCIAS.-
La PGR dijo que acatará el fallo del juez federal que le ordenó investigar al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al ex procurador de Justicia estatal, Abel Murrieta, por presunta falsificación de documentos relacionada con el caso del incendio de la Guardería ABC.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México le ordenó iniciar una investigación conforme a derecho, derivada de las denuncias presentadas contra los ex servidores públicos.

“En cumplimiento a lo determinado por el juez de control, el agente del Ministerio Público de la Federación encargado del caso, realizará la investigación en los términos ordenados por la autoridad judicial y la resolverá de conformidad a sus atribuciones en forma expedita”, indicó.

Las dos denuncias de hechos contra los ex funcionarios, por delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos y ejercicio indebido de servicio público, fueron presentadas el 30 de agosto y el 3 de octubre de 2016.

Los ilícitos habrían sido cometidos durante la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, respecto del incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, que tuvo un saldo de 49 niños muertos y más de 70 lesionados.

El documento presuntamente falsificado e integrado en las pesquisas es un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que enumeraba una serie de observaciones a las condiciones de seguridad de la guardería y que, a su vez, dejaba al descubierto la negligencia de funcionarios del Instituto.

La representación legal de los deudos ha dicho que este oficio apócrifo fue útil para desviar la investigación contra funcionarios del IMSS y evitar el castigo a los responsables de resguardar la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora, donde inició la conflagración.

Tras recibir las denuncias, la PGR determinó ejercer la facultad de abstención de investigar, con el argumento de que los hechos denunciados fueron materia del proceso penal instruido a nivel federal contra varios implicados, procedimiento que aún se encuentra en trámite.

La determinación ministerial fue impugnada por los denunciantes, uno de ellos la organización Manos Unidas, quienes consiguieron que el juez de control de esta capital ordenara a la PGR abrir una averiguación por los hechos.

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