Austeridad sin simulaciones en la crisis

Desde hace décadas la ciudadanía reclama que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales reduzcan su financiamiento a los partidos políticos, ya que representan una carga para el erario independientemente que esas instituciones están siendo utilizadas por grupos económicos y políticos para posicionarse y ejercer el poder desde el Gobierno en beneficio de sus propios intereses. Esa demanda social aún en las etapas más críticas no ha prosperado, quizás porque quienes controlan los partidos no van a autoinmolarse.

Por otra parte, el acceso al financiamiento público de los partidos políticos es un derecho constitucional (art. 41), ya que se pretende que esas entidades cuenten de manera equitativa con recursos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. El problema, sin embargo, es que los partidos, más aquellos que bailan al compás de la música que les tocan, se sirven con “la cuchara grande”.

Tan solo para este año se contempla en el presupuesto federal, a través del Instituto Nacional Electoral (INE), una partida de 4,024 millones de pesos para nueve partidos políticos con registro, y de la cual el 57 por ciento se distribuirá entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el porcentaje restante será para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (NA).En esta partida, por supuesto, no se consideran los gastos de campañas políticas.

En el caso específico de las entidades federativas, en este caso la Constitución Política del Estado de Sonora, compromete también al Gobierno Estatal a garantizar el financiamiento público a los partidos políticos con registro nacional o estatal que participen en la elección ordinaria inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias permanentes en el Estado (art. 22). Sustentado en este precepto legal, en 2017 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispondrá de 440.1 millones de pesos de los cuales 102.1 serán para los partidos políticos, y de manera muy importante para el PRI y el PAN que se embolsarán el 67 por ciento de esa partida. El resto será para el PRD, MORENA, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

Sin embargo, con motivo de la crisis económica que tiene a México y los mexicanos con “la soga al cuello”, adquiere relevancia la propuesta del Gobierno de Sonora de reducir en un 50 por ciento las partidas que se tienen presupuestadas para financiar las actividades permanentes y específicas de los partidos políticos en este año en el que no hay campañas políticas; sería, algo así, como quitarles 51.5 millones de pesos que se traducirían en ahorros en el gasto de la administración pública estatal, pero que obliga a los partidos a buscar apoyos privados o autofinanciarse con las cuotas de sus agremiados que, dicho en toda la extensión de la palabra, siempre han brillado pero por su ausencia.

Ojalá, empero, que la propuesta de reducir los recursos públicos a los partidos no sea meramente mediática o política, ya que los gobernados quieren creer que sus gobernantes los entienden y que comprenden la gravedad de la situación, y ante lo cual se solidarizan sin simulaciones “amarrándose el cinturón”, siendo austeros en esta fase tan compleja como difícil.

Por lo pronto, se rumora que para mandar señales de que la austeridad va en serio, que no es simulada, ya les quitaron a los diputados sonorenses los apoyos para combustibles, aunque la mayoría de ellos no los necesitan ya que o son concesionarios de gasolineras o tienen la charola servida en empresas privadas y del sector social, donde lucran con las gestiones que realizan.

La gente reclama una austeridad no simulada en la crisis, nosotros también.

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